La independencia judicial en América Latina, y especialmente en Ecuador, ha sido un espejismo histórico. Una perniciosa tradición que hunde sus raíces en la época colonial, cuando la potestad de impartir justicia le correspondía al monarca, mientras los jueces suscribían las decisiones del poder. Los ejemplos más trágicos los trae la memoria desde naciones como Chile, Argentina, Bolivia, Nicaragua o El Salvador, donde las cortes de justicia miraron para otro lado mientras se consumaban los genocidios. Aún nuestra propia historia está plagada de atropellos: ya sea por decretos del poder o por resoluciones parlamentarias, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador han sido destituidos o sustituidos en 12 ocasiones entre 1906 y 2012.
La injerencia de la política en la justicia es una realidad que pesa sobre nuestra historia, hoy agravada por la intrusión de las grandes corporaciones (las transnacionales mineras, por ejemplo) y por la coerción del miedo que ejercen los grupos de delincuencia organizada. Así visto, la justicia está bajo asedio. Una institución, a veces, bajo control del gobierno por el viejo fantasma del control disciplinario (el juez que tome una decisión incómoda será apartado), a veces, cooptada por el peso de los millones y, otras, bajo el poder siniestro de las mafias criminales.
La prueba de ello es que hoy solo el 0.59% de las denuncias tramitadas por la justicia terminan en una sentencia condenatoria (1.453 condenas de 246.542 denuncias), lo que representa un descenso del 85% respecto de 2020, pese al aumento constante de los casos, según la Fiscalía. Sin contar con que muchas de estas condenas responden a apetitos políticos que el gobierno quería satisfacer, especialmente cuando se trataba de dirigentes sociales, campesinos y actores políticos.
Valerse de la justicia para saldar cuentas políticas siempre será una infamia que cuestiona los fundamentos mismos del Estado de Derecho. Además, cuando se instaura un sistema de justicia que responde a los intereses del gobierno, de la empresa privada o del crimen organizado, los mecanismos se verán cooptados. De allí en adelante, la cuestión ya no girará en torno a la justicia, sino a la influencia de quien pueda pagar o forzar una sentencia favorable… (O)
@andresugaldev
