El canciller de Ecuador, José Valencia, consideró este jueves «subjetiva» la valoración de un reciente informe de la CIDH, que señaló que la fuerza pública ecuatoriana incurrió en un «uso excesivo de la fuerza» durante las protestas registradas en el país en octubre pasado.
«Es una apreciación de la Comisión (Interamericana) de Derechos Humanos que encontramos absolutamente subjetiva», manifestó el jefe de la diplomacia ecuatoriana en una comparecencia de prensa en la sede de su Ministerio en Quito.
Valencia argumentó que el mencionado informe de la CIDH, dado a conocer el martes, «no examina el contexto de las manifestaciones, no examina el hecho de que no haya un solo herido de bala durante los eventos de octubre».
El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana insistió en que la fuerza pública «tuvo una gran restricción» y «cuidado» en que los medios empleados sirvieran específicamente para mantener el orden e impedir que se produjeran excesos.
«Para eso están las fuerzas del orden, no están simplemente para ver el desorden, la violencia y el caos, y no hacer nada», recalcó antes de recordar que la ley obliga a los efectivos de seguridad a proteger los derechos de personas que puedan verse afectadas por situaciones de violencia y adversidad «tan extremas como las que vivimos en octubre».
La CIDH pidió el martes pasado a las autoridades ecuatorianas que investiguen y castiguen a los policías que incurrieron en un «uso excesivo de la fuerza» durante las protestas, así como a la población responsable de saqueos.
Se trata de una de las recomendaciones al Estado ecuatoriano que la Comisión formuló en un documento elaborado a partir de la visita que realizó a Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019, a invitación del Gobierno del presidente Lenín Moreno.
Durante su visita al país suramericano, los representantes de la Comisión se reunieron con autoridades de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), miembros de la Corte Constitucional y con un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, incluidos grupos de pueblos indígenas, en las ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga.
El organismo recopiló el testimonio de 380 personas que aseguran ser víctimas de violaciones de derechos humanos o de otros abusos en el contexto de las protestas.
Valencia apuntó a que las conclusiones del documento no reflejan a cabalidad la información recopilada por los observadores, y que pudieron haber sido sesgadas al tomar en cuenta los testimonios de algunos actores frente al de otros y aparentemente minimizando el contexto en el que las autoridades se vieron implicadas, con saqueos, capturas de fuerzas del orden e incendios premeditados a la Contraloría y medios de comunicación.
En octubre, Ecuador vivió durante once días una ola de disturbios y protestas indígenas por la cancelación del subsidio a la gasolina, decisión tomada por decreto por Moreno en línea con un acuerdo adoptado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el contexto de las protestas murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.
Los desórdenes concluyeron una vez que Moreno derogó el polémico decreto tras alcanzar un acuerdo con líderes indígenas con mediación de la ONU y de la Iglesia. EFE
