El informe de la CIDH

Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las protestas sociales ocurridas en Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre, concluye que frente a las mismas hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares.
No se trata de un informe de algún sector social o político de oposición al Gobierno de Moreno, sino de la institución más respetable del continente que trabaja en el tema de los derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno, a través de la Ministra María Paula Romo, acaba de criticar dicho informe, negando los hechos relatados en este y calificándolos de sesgado.
No sorprende esta posición del Gobierno pues, en general, desde los poderes gubernamentales de los Estados es común descalificar a los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, especialmente cuando esos poderes muestran tendencias autoritarias. Ya el Gobierno anterior del Presidente Correa solía criticar a la CIDH, y el Gobierno actual con su crítica parecería continuar en esa línea; una situación que no haría sino revelar que, en su relación con los movimientos sociales y políticos de oposición, el régimen de Moreno apuntaría a una actitud represiva, pues el marco jurídico armado en el régimen correísta, para judicializar o criminalizar las protestas sociales, continúa vigente.
El uso progresivo de la fuerza es un rol específico de las instituciones armadas de todo Estado, para garantizar el orden y la seguridad de las personas; pero ese uso tiene que ser legítimo, es decir, basado en lo que dice la ley; caso contrario deviene en un uso ilegal y pon ende en un delito. De forma que cuando se usa la violencia contra protestas que son pacíficas, o se reprime a protestantes que cometen delitos cometiendo también delitos, ya no se está ejerciendo una autoridad legítima sino arbitraria, con lo cual el Estado ya no sería democrático sino autoritario.
Haría bien el Gobierno en asumir la recomendación de la CIDH para capacitar a los uniformados sobre los protocolos internacionales establecidos para actuar frente a protestas sociales, en vez de gastar seis millones de dólares en comprar armamento más sofisticado para la represión a futuras protestas, que podría dejar más víctimas y violencia. (O)