La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) solicitó este martes al Gobierno que impulse un programa de «pruebas rápidas» de diagnóstico del COVID-19 en las comunidades rurales, consideradas altamente vulnerables ante la pandemia del coronavirus.
El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, demandó al Gobierno de Lenín Moreno que expanda ese tipo de diagnóstico a todos los sectores sociales, especialmente a las comunidades indígenas que habitan en los sectores rurales del país.
«Las pruebas rápidas deben hacerse en todos los niveles sociales, no solo en sectores privilegiados», reclamó en una rueda de prensa virtual, al recordar que entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) han advertido de la alta vulnerabilidad de las poblaciones indígenas.
La semana pasada, la OEA advirtió sobre la «doble situación de vulnerabilidad» de ese colectivo ante la pandemia del coronavirus y pidió a los Gobiernos del continente que «resguarden la salud y bienestar de la población indígena, desde un enfoque intercultural».
Vargas indicó que su movimiento teme que haya un porcentaje alto de indígenas contagiados en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, considerada como el principal foco de contagio en el país y donde habita una gran comunidad de campesinos pobres dedicados al comercio agrícola.
En Guayas hay más de 2.900 personas contagiadas, lo que supone cerca de un 70 por ciento del total de pacientes con coronavirus registrados en todo el país, según cifras oficiales.
«En Guayas hay un porcentaje alto de hermanos indígenas fallecidos», aseguró el líder de la Conaie, quien comentó que ha pedido a autoridades de esa y otras provincias que le hagan llegar información precisa sobre los campesinos fallecidos.
Asimismo, manifestó que, desde la iniciativa de la Conaie, se han aplicado protocolos de seguridad sanitaria en todas las comunidades indígenas de acuerdo con su propia realidad.
Ello, según sugirió, porque no se ha hecho evidente la presencia de autoridades que vigilen la situación de los pueblos indígenas durante el periodo de cuarentena y aislamiento masivo y obligatorio ordenado por el Gobierno en todo el país.
COMUNIDADES AISLADAS
Vargas señaló la falta de información sobre el virus y los servicios de atención sanitaria para los pueblos indígenas, muchos de ellos aislados y donde no llegan oportunamente las noticias.
Sobre ese aspecto, el líder indígena aseguró que hay unas cien familias de la etnia huaorani que no han podido regresar a sus comunidades en la selva amazónica de las provincias de Pastaza, Napo y Orellana por la suspensión del servicio de transporte en avionetas, que a veces suele ser el único medio para llegar a sus territorios.
Por otra parte, Vargas dijo que los bonos de solidaridad que ha ofrecido el Gobierno a las familias pobres afectadas por la crisis sanitaria debería alcanzar el monto del salario básico de 400 dólares mensuales.
«El bono de protección familiar debe ser equitativo a un salario básico, 400 dólares, y debe ampliar su rango al total de personas que son parte del sector subempleado en el país, que supera el 17% de la población», aunque «con énfasis en la ciudad de Guayaquil», señaló la Conaie en un comunicado.
El movimiento indígena, finalmente, planteó a los miembros de l Parlamento que donen por tres meses sus sueldos, así como la reducción a la mitad de las remuneraciones que reciben las autoridades del sector público, para apoyar a la solución de los problemas económicos derivados de la pandemia.
La Conaie, que es la organización social más importante de Ecuador, rechazó la decisión del Gobierno que, según ellos, ha preferido pagar la deuda exterior en lugar de robustecer a la salud pública, para atender de mejor forma la crisis sanitaria actual. EFE
