El Gobierno Nacional, luego de una serie de anuncios sobre el cambio de etapas dentro de la emergencia sanitaria a nivel nacional, decidió finalmente que cada COE Cantonal resuelva, con el asesoramiento del Gobierno Central, para que sean los alcaldes quienes dispongan si en cada uno de sus territorios se pasa de la denominada fase del aislamiento, a la fase de distanciamiento, que implicaría entre otras cosas, la reanudación restringida de las actividades normales, así como del transporte a nivel local, guardando las distancias con el uso de mascarillas, etc.
En general, los gobiernos autónomos de cada cantón, no han considerado conveniente pasar del llamado “Semáforo Rojo” al “Semáforo Amarillo”, porque no existirían las condiciones necesarias para ese cambio de fase. Además, los municipios, y la AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador) han señalado que es necesario que el Gobierno Nacional se ponga al día en las asignaciones que debe a los GAD cantonales, y la entrega de otros recursos necesarios para las acciones de combate a la pandemia, sobre todo en el orden de la salud y entrega de alimentos a los sectores menos favorecidos.
Además, el dejar en libertad a los municipios, para que, a su criterio, decidan pasar del aislamiento al distanciamiento, ha sido interpretado por diversos sectores tanto sociales como políticos, como que el Gobierno Nacional intentase rehuir sus responsabilidades, para ponerlas en manos de los municipios, algo que significaría de hecho un tácito reconocimiento del parte del Poder Ejecutivo de que se ha mostrado poco eficaz para enfrentar el embate del COVID-19 y sus graves consecuencias, no solamente en el campo de la salud, sino en el incierto panorama económico que enfrenta el país.
Finalmente, especialistas médicos se han mostrado de acuerdo en que aún sería prematuro pasar de la fase del distanciamiento a la siguiente, ya que eventualmente puede significar un grave rebrote de la pandemia, con el precario sistema de salud que cuenta el país.
