EDITORIAL|
Tarea fundamental de los gobiernos es la administración de los recursos públicos tanto en la recaudación como en los gastos. Para poder prestar los servicios que le competen deben contar con instituciones. Algunos de ellos como salud y educación no generan utilidades directas y lo que importa es lograr la mayor eficiencia con los menores costos posibles. Puede también un gobierno, mediante empresas, invertir para obtener utilidades en su funcionamiento, como los ferrocarriles, debiendo ser celoso del rendimiento y cuidadoso en los subsidios, considerando la forma en que opera el sector privado que busca utilidades.
Como medida inaplazable para disminuir los egresos fiscales, ha anunciado el gobierno la supresión de algunas empresas que, por algún tiempo, han sido deficitarias, debiendo el Estado asumir notables pérdidas. TAME es un caso; las compañías de transporte aéreo manejadas por el sector privado generan utilidades. En el caso de la estatal se habla de mala administración de la que los gobiernos son los responsables directos. El anterior gobierno fue especialista en crear elefantes blancos; uno de los emblemáticos fue Yachay, rebautizado como siembra, que ha sido suprimido. Mantener una burocracia exagerada es una forma de despilfarro.
Estamos de acuerdo con estas medidas, pero debieron haberse tomado hace algún tiempo, pues no cabe que se mantengan instituciones que, sin ser trascendentales, genera pérdidas y cuyos servicios pueden ser asumidos por el sector privado. Esta tardanza se agrava si el anterior gobierno dejó como herencia una economía fiscal maltrecha que no ha logrado recuperarse. Creemos que es lamentable que haya tenido que producirse una crisis de gran magnitud como la pandemia para que se tomen decisiones que debieron haberse hecho en condiciones normales, ya que no cabe mantener despilfarros con los dineros de los ecuatorianos. Creemos que el actual gobierno ha tenido aciertos, pero fallas como esta tardanza.
