Este miércoles 3 de junio de 2020 fue un día lleno de novedades en Ecuador, novedades del calibre de la detención del expresidente Abdalá Bucaram y del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, acusados de presuntos casos de corrupción. La Fiscalía General del Estado junto a la Policía realizaron redadas que se produjeron desde la madrugada en el marco de las acciones judiciales y policiales para combatir prácticas corruptas en plena pandemia de COVID-19.
En rueda de prensa, la fiscal Diana Salazar refirió que en total se realizaron 37 allanamientos y 17 personas fueron detenidas.
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La redada en el domicilio de Abdalá Bucaram no fue la única, ya que más de medio centenar de fiscales efectuaron allanamientos desde la madrugada por varios municipios de la provincia de Guayas, entre ellos los de Guayaquil, Daule y Samborondón.
Otra vivienda allanada fue la de su hijo, el exasambleísta Dalo Bucaram: «En un atropello total de derechos, sin la presencia de nadie en mi domicilio, la policía irrumpe en mi hogar sin denuncia ni delito alguno».
«Esto es un atropello sin precedentes. (Presidente) Lenín (Moreno), ¿qué garantías hay al debido proceso? ¡Esto es un abuso!», escribió Bucaram hijo por redes sociales.
La Fiscalía también ha intervenido en la vivienda del prefecto de la provincia de Guayas, Carlos Luis Morales, por otro caso de presunto tráfico de influencias en la compra también de insumos médicos en los últimos dos meses y medio, aunque en su caso la implicación podría corresponder a dos hijastros.
INTERVENCIONES EN QUITO
También se registraron intervenciones judiciales en Quito en relación a estos casos de presunta corrupción que han conmocionado a la población porque se produjeron en los momentos de mayor crisis en el país.
Según la Fiscalía, en doce allanamientos han sido arrestadas cinco personas «por la compra de insumos de bioseguridad» por la empresa de agua municipal.
La empresa habría hecho las compras con «presunto sobreprecio», y por ello han sido arrestados cinco personas, entre ellas «el gerente y administradores del contrato», se informó.
En una primera comunicación, la Fiscalía notificó que «la Fuerza de Tarea ejecuta órdenes de allanamiento y detenciones simultáneas en Quito y Guayaquil relacionadas con varios casos de corrupción en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19».
Las operaciones tienen que ver con todo tipo de sospechas descubiertas en los últimos dos meses sobre la adquisición irregular de equipos y medicamentos para afrontar la pandemia del coronavirus, que en el país andino golpeó especialmente a Guayaquil.
Ecuador, donde se registran a día de hoy más de 40.000 contagios, 3.438 decesos oficiales y 2.201 probables, vivió dos meses dramáticos en la segunda quincena de marzo y el mes de abril, lo que llevó a la adquisición acelerada de insumos médicos para afrontar la pandemia.
En esos contratos se fueron denunciando poco a poco casos de presunta corrupción e irregularidades, sobre todo por precios exagerados como la compra de bolsas de cadáveres a doce veces más de lo que costaban realmente en el mercado, o la de mascarillas.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Esta mañana, poco después de iniciarse las redadas, el presidente Lenín Moreno se congratuló de la decisiva acción de la Fiscalía.
«Desde el inicio de nuestro gobierno garantizamos que la Justicia opere con independencia. La labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer a la corrupción es combatirla todos juntos», dijo en un mensaje.
Ayer, en una rueda de prensa conjunta, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, anunciaron que sus instituciones habían aunado esfuerzos y creado una «fuerza de tarea multidisciplinaria» para combatir cualquier acto de corrupción durante la emergencia sanitaria.
«No se van a quedar los casos en carpetas, en investigaciones previas. Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de cada una de las causas que se hayan generado a raíz de esta emergencia», advirtió la fiscal.
Por su parte, Romo aclaró que el grupo interinstitucional sería directamente supervisado desde la Comandancia de la Policía Nacional, al que se sumará la Policía Judicial para investigar a cargos políticos presuntamente implicados en actos de corrupción.
«Estamos detrás de los responsables y del dinero, (buscamos) que las personas asuman las consecuencias de sus actos y recuperar el dinero» mal habido, remachó la ministra. EFE
