EDITORIAL|
Ante presunciones de ilegalidades y sobreprecios en contratos de la municipalidad de Quito, el alcalde de esa ciudad concurrió a la fiscalía para dar su versión de los hechos, conforme lo establecen las leyes procesales. En la entrada de este centro de justicia se había reunido un grupo de gritones y alborotadores que respaldaban al burgomaestre, como si se tratara de un acto de campaña electoral, creemos que para demostrar a los integrantes de la fiscalía la fuerza popular que tiene el Alcalde, como si las decisiones en la administración de justicia estuvieran vinculadas a la popularidad o impopularidad de quienes desempeñan funciones públicas por elección popular.
El que una persona directa o indirectamente tenga relación con instituciones públicas, no quiere decir que necesariamente sea el pleno responsable de hechos que se consideran ajenos a la moral y el derecho, sobre los que hay presunciones. Una correcta administración de justicia, siguiendo los procedimientos jurídicos, analizará y dará un veredicto final de inocencia o culpabilidad. Creer que el real o ficticio apoyo popular de un funcionario influirá en las decisiones de los jueces es demostrar lamentable ignorancia en este campo o ser objeto de manipulaciones de niveles más altos, que creen en la eficacia de un “amedrentamiento” a los jueces.
En este aluvión de negociados que han aflorado con motivo de la pandemia, podemos apreciar un elemento positivo: la intervención directa y frontal de la fiscalía para analizar los hechos sospechosos, investigarlos, y decidir si hay razones suficientes para que sean sometidos a juicios en el poder judicial. En la anterior administración, la descarada intervención del poder ejecutivo y la cuestionable actitud de algunos integrantes del poder judicial afectó a la credibilidad en la integridad moral de esta institución. Se produjo una reorganización de los integrantes de elevados tribunales y, hasta ahora, se puede observar una real independencia de poderes.
