OPINIÓN|
Joaquín Tello, experto ambientalista, manifiesta entre otros puntos lo siguiente: “Se hicieron trámites de autorización ambiental con un documento que no correspondía a la trascendencia de impactos. Tampoco se hicieron estudios de impacto ambiental, ni procesos de participación ciudadana antes de dar el visto bueno para la estación de bomberos en Illincocha. El contrato de comodato es nulo en el mundo jurídico porque la ley no permite ningún tipo de derecho sobre las áreas protegidas. Existe una ley expresa para el sistema nacional de áreas protegidas, que el Concejo Cantonal por más competencias que tenga no puede ir en contra de ella, porque si lo hace, estaría cayendo en un acto delictivo especificado en el artículo 252 del Código Penal. En este caso, a pesar de que en el GAD recaen las competencias sobre el uso del suelo, no puede irse en contra de la ley que ya protege este ecosistema. No estamos en contra de que haya una estación de bomberos en ese sector, pero no dentro del PNC. No deben vulnerar los derechos de la naturaleza. Es importante sentar un precedente para que no vuelva a suceder este tipo de incidentes en El Cajas.”
Lo más indignante es que ciudadanos denuncien este atropello que las autoridades, -si tuvieran dos dedos de frente- debieron haber hecho. Sin la denuncia original, los implicados en esta telaraña la hubieran seguido tejiendo a su gusto y muy a nuestro disgusto. La funcionaria del MAE emitió una autorización ambiental muy inferior a la magnitud del proyecto, sobre todo por su ubicación. Así nos demuestra su “eficiencia”.
El malestar de ciudadanos, bomberos y de grupos defensores de la naturaleza es consecuencia de los impactos causados por esta construcción, ahora visibles. Sin embargo, los impactos a futuro que aún no se visibilizan, serán más trascendentes.
Hasta el día de entrega de este artículo, una emisora local intentó entrevistar en reiteradas ocasiones al comandante del Cuerpo de Bomberos sin ningún resultado. Alegando acucia, propuso que le entreguen previamente las preguntas que le harían de darse la supuesta entrevista, lo que va en contra del quehacer periodístico ético. Por lo visto, los asambleístas no son los únicos “discapacitados”. Espero que prime la cordura y el respeto por El Cajas, su flora y fauna, se lo merecen. (O)
