La corporación Participación Ciudadana (PC) presentó ayer su primer reporte de gasto tras el llamado a elecciones, en el que se pudo evidenciar un alto nivel de contratación en los medios de comunicación por parte de las entidades públicas, sobre todo el Gobierno central, pero también la falta de normativa para sancionar la precampaña y para controlar el uso de las redes sociales.
Según Ruth Hidalgo, directora de PC, las redes sociales serán el nuevo escenario en el que se desarrollará la campaña política, tomando en cuenta las restricciones a la movilidad que se han impuesto por la pandemia de la covid-19, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha reglamentado este tema.
“Hemos advertido que la campaña ya no se hará a pie, se cambia a las redes sociales, que van a ser difícil controlar, pero debe existir el compromiso de hacerlo, porque puede ser un lugar en que se propicie el gasto desmesurado y la inequidad entre candidatos”. Ruth Hidalgo.
Los consejeros de minoría en el CNE, Luis Verdesoto y Enrique Pita (vicepresidente), propusieron la creación de un reglamento que regule el uso de redes sociales, sobre todo el costo que los candidatos paguen para ser promocionados en este estos espacios, pero su pedido no fue escuchado.
Además, existe otro punto que preocupa a la organización ciudadana y es que algunos candidatos han realizado actos proselitistas desde hace varios meses, lo cual, según explicó Simón Jaramillo, subdirector de PC, no implicaría ninguna sanción legal, sino solo la imputación de la inversión realizada al límite de gasto electoral.
En cuanto a los gastos en publicidad en los medios de comunicación realizados por las instituciones públicas, que desde el llamado a elecciones solo pueden ser con fines informativos y tras obtener una autorización del CNE, el Gobierno central lleva la delantera con 266 minutos emitidos en 11 canales de televisión monitoreados, la institución más promocionada es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con 180 minutos.
Por su parte Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, y Leonardo Rodríguez, alcalde de Chone, habrían vulnerado el artículo 219 del Código de la Democracia, que prohíbe incluir nombres de las autoridades en la promoción de obras. Estos dos casos serán enviados a la Contraloría y al CNE, para que se establezcan las respectivas sanciones. (I)
