«Esta decisión fortalece la democracia y nos permite participar en igualdad de condiciones. Que el pueblo decida», escribió en redes sociales Keiko Fujimori, quien consideró que el pedido del fiscal era «arbitrario».
El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado, consideró que suspender el partido era «desproporcionado porque afectaría derechos de personas que pertenecen a la agrupación y que no necesariamente estuvieron involucrados en los presuntos delitos».
No obstante, el magistrado determinó en su resolución que tendrá bajo vigilancia las finanzas del partido fujimorista, por lo que le requirió que declare ante el juzgado los recursos económicos con los que cuenta para la campaña electoral de 2021 y su fuente.
También el dinero del que dispone en bancos tanto nacionales como extranjeros, así como cualquier patrimonio y las actividades que organice para obtener recursos de cara a la actual campaña de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que cumple 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.
LARGA INVESTIGACIÓN
El pedido de suspensión de Fuerza Popular como organización política fue cursado por el fiscal José Domingo Pérez, que desde hace tres años investiga a esta formación política y a Keiko Fujimori por el presunto origen ilícito de los fondos con los que financió sus anteriores campañas electorales.
Fruto de esta investigación Fujimori pasó alrededor de quince meses en prisión preventiva en dos periodos distintos entre 2018 y 2020 mientras proseguían las investigaciones, que están en su fase final y se espera que el fiscal presente su acusación ante el juzgado en las próximas semanas.
El fiscal José Domingo Pérez argumentó su pedido de suspender a Fuerza Popular para estas elecciones en que distorsionaba la democracia al tener fondos de origen presuntamente ilícito.
FALSA CONTABILIDAD
En las dos anteriores campañas electorales de Keiko Fujimori a la Presidencia de Perú, Fuerza Popular ocultó presuntamente con una contabilidad ficticia millonarias donaciones de grandes empresas que no declaró al órgano electoral de Perú.
Entre las empresas involucradas está Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, que financió a Fujimori con unos 3,6 millones de dólares, pero también está presuntamente la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, con sobornos en al menos doce países de la región.
El aporte de Odebrecht, estimado en un millón de dólares, fue supuestamente dividido como los otros en pequeñas cantidades para camuflarlo en la contabilidad del partido como aportaciones de personas particulares y simpatizantes, una práctica de la que presuntamente era totalmente sabedora la misma Fujimori.
UN CASO NADA SENCILLO
Sin embargo, la ocultación del origen de los fondos de campaña del partido no constituía delito ni en las elecciones de 2011 ni en las de 2016, por lo que el fiscal trata de demostrar que Fujimori y el partido ocultaron ese dinero porque eran conocedores de su origen ilícito.
Tanto en 2011 como en 2016 Keiko Fujimori se quedó a las puertas de convertirse en la primera mujer que alcanza la Presidencia de Perú, al perder en la segunda vuelta primero ante Ollanta Humala y luego frente a Pedro Pablo Kuczynski, que le superó por apenas 40.000 votos.
En este tercer intento por emular a su padre, Fujimori parte de momento en las encuestas con un máximo del 7 % de la intención de voto, debilitada no solo por esta investigación sino por el descrédito popular tras haber ejercido una oposición obstructora cuando tenía el control absoluto del Congreso. EFE
