Tras la barbarie cometida en la cárcel de Turi, en la que 34 detenidos fueron asesinados de manera cruel por otros presidiarios, Cuenca vuelve a exigir al Gobierno que esa sombría infraestructura tenga el carácter de regional, tal como fue originalmente concebida.
Allí solo deben estar los sentenciados, o personas en proceso de juzgamiento, provenientes de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Pero están presos de alta peligrosidad, ligados con las bandas del crimen organizado.
Los amotinamientos son frecuentes; igual los asesinatos y los nunca esclarecidos suicidios de reclusos.
El país no olvidará que los “internos” hasta se solazaron improvisando en el patio de la cárcel una piscina. En junio de 2020 obligaron a sus celadores, el director incluido, que para levantar el amotinamiento llevaran a la prensa para que atestigüe sus peticiones. Entre ellas, que se permita el ingreso de más naranjas, mejoramiento del menú, y productos de bioseguridad. Señales evidentes como para demostrar quiénes tienen el control.
La autoridad que dirige el sistema carcelario tiene la obligación moral de responderle a Cuenca por qué la cárcel de Turi dejó de ser regional.
Todo apunta a que hasta ella son trasladados los sentenciados más peligrosos. Desde aquí dirigen sus bandas delincuenciales. Nadie duda que parte de sus miembros hasta delincan en Cuenca.
En esa ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, está la cárcel en la que por la lucha encarnizada entre bandas del crimen se cometieron asesinatos que revelan la deshumanización del hombre, cuyas imágenes impublicables, reprochables, fueron amplificadas por las modernas cloacas, que a veces son las redes sociales.
Y decimos cárcel, porque eso es, como lo son las demás del país. De centros de rehabilitación no tienen nada. Son escuelas de perfección del crimen. Allí, los reclusos viven hacinados, unos hasta sin sentencia, mezclados sin importar del delito cometido, abandonados por el Estado, y sin una luz de esperanza.
Suficiente para exigir al Gobierno que respete a Cuenca y escuche el reclamo que le hacen sus ciudadanos y las autoridades.
