El Ministerio de Educación, facultó en días pasados el regreso voluntario a clases presenciales de setenta y siete unidades educativas en el país, entre ellas algunas en el Azuay, pertenecientes a zonas rurales, que son precisamente las que han tenido mayores dificultades para la participación de niños y adolescentes en el sistema virtual implantado desde el inicio de la pandemia.
La noticia ha sido recibida de diversas maneras, ya que si bien los padres de familia que han decidido enviar a sus hijos a las clases presenciales, miran con buenos ojos esta decisión ministerial, que permitirá que estos alumnos puedan asistir a las aulas tras prácticamente un año de que no existió tal posibilidad. Sin embargo, organismos como la Defensoría del Pueblo han cuestionado esta decisión, en función de que a su criterio debió previamente inmunizarse al personal docente antes de enviarlos a las clases presenciales, ya que los maestros y maestras deben formar parte de la denominada primera línea de los servicios públicos. Por lo tanto, se han iniciado acciones para suspender esta medida.
Cierto es que los educadores deberán tener prioridad, junto con otros profesionales y trabajadores dentro del programa de vacunación masiva, precisamente por las graves falencias que se producen dentro del sistema de educación virtual, y que entre otras cosas ha bajado de manera preocupante el nivel de conocimientos que reciben los alumnos de todos los niveles, puesto que la virtualidad educativa responde a una situación de emergencia, más aún cuando naciones de mayor desarrollo nunca han dejado de lado, salvo en los peores momentos de la pandemia, la educación presencial, ya que la tecnología no suple el sistema educativo en las aulas.
En cualquier caso, es de esperar que el Gobierno a través de Ministerio de Salud, hoy con un nuevo titular para los escasos meses que le quedan al actual Gobierno, pueda rectificar las graves falencias en su programa de vacunación.
