La propuesta de un articulista de un Diario de Quito, de que la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) intervengan en el proceso electoral en marcha, es una opinión que ciertamente preocupa a quienes defienden la institucionalidad democrática. Pero, más preocupante y grave es que el candidato presidencial Yaku Pérez, que ha presentado una impugnación a los resultados de la primera vuelta ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE), haya manifestado un apoyo a esa propuesta de intervención de la Fuerza Pública.
Las pasiones políticas exacerbadas, que pueden devenir incluso en una animadversión visceral a ciertos contrincantes políticos, o la aspiración de disputar la presidencia en la segunda vuelta, podrían entenderse en el marco del tipo de cultura política que predomina en Ecuador; pero lo que resultaría intolerable, desde el punto de vista democrático, es que para la obtención de ciertos objetivos políticos se quiera hacer pedazos lo fundamental del régimen democrático: la primacía de la Constitución.
En efecto, las elecciones no son per se lo fundamental en democracia, pues hasta las dictaduras pueden hacer elecciones para legitimarse, sino que es el respeto al marco jurídico y constitucional; por esto mismo la democracia suele identificarse como “régimen constitucional” o “Estado de derecho”; de forma que lo opuesto a la democracia, que es la dictadura o el autoritarismo, comienza precisamente cuando las acciones de miembros del poder estatal violan las normas constitucionales y legales.
La Constitución ecuatoriana actual (al igual que las anteriores) expresa que las fuerzas armadas son obedientes y no deliberantes, y de que están sometidas a la autoridad del poder civil. No es competencia de la institución armada hacer lo que el mencionado articulista propone y el mencionado candidato respalda. Ecuador no puede ser Venezuela, donde el poder real lo tienen los militares; ni Bolivia, donde los militares, en el marco también de un proceso electoral, dieron un golpe de Estado e instalaron una “Presidenta interina”.
Los demócratas procesan sus reclamos por la vía de la legalidad democrática, y no golpeando los cuarteles. Y respetar la Constitución es el primer deber de quien ejerza como Presidente. (O)
