Del concepto a la realidad, el debido proceso, es la expresión objetiva del Juicio Justo, principio rector del sistema procesal “…toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones…” Luego de las experiencias dolosas de la década siniestra de la corrupción institucionalizada patente con la metida de las manos en la justicia, en las sentencias redactadas de un día a otro por los abogados del dictador, con jueces y fiscales guiados por el mismo sátrapa quien decidía las resoluciones judiciales a su favor, adviene el proceso de recuperación institucional que esperamos se realice en su plenitud en el actual periodo.
Recordemos algunos puntos positivos en la recuperación de la legalidad por el gobierno del Presidente Moreno, como la Consulta Popular que si bien no llegó a la profundidad del cuestionamiento global de la década dictatorial, avanzando a la plena restauración del Estado de Derecho, en la perspectiva innovadora del actual gobierno, se debe avanzar en contenidos de gobernabilidad, ya que la legitimidad de que está revestido, ajustando la necesaria legislación, acorde a la interconexión económica y social le acreditan para con la sociedad civil, incidir en los procesos de creación del bien común.
Hoy mismo, contando con la prestancia del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, se deben tomar decisiones de gran relieve para liberar al Ecuador del crimen organizado por las mafias internacionales, lo que exige la legislación penal pertinente y aunar a los sectores que pretenden el cambio institucional para generar el proceso profundo de transformación, promoviendo la Constitución que el Ecuador requiere desde la premisa de la seguridad jurídica como objetivo esencial del Gobierno de Guillermo Lasso. No se debe privilegiar a los delincuentes en detrimento de la Justicia. (O)
