La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ha sido acusada de presuntas irregularidades, respecto a supuestos cobros para cargos en el sector público. Esta revelación, como es lógico, ha causado gran revuelo, no solamente entre los legisladores, sino a nivel nacional, ya que el Parlamento instalado hace escasos cien días, y que prometía desterrar la práctica viciada de la corrupción en sus filas, posiblemente acaba de tener el primer caso lamentable de este tipo.
El país entero se encuentra cansado de que la corrupción continúe con su nefasta práctica en diversos niveles de la administración pública. Basta ver el neurálgico sector de la Salud, donde continúan operando malos funcionarios que se benefician de un servicio destinado al bienestar del pueblo ecuatoriano, y que lamentablemente ha sido saqueado mediante diversas acciones, como el tráfico de medicinas y otros insumos, e incluso la apropiación de los recursos que debían ser destinados a la construcción y equipamiento de un hospital público, como el caso de Pedernales.
En el ámbito parlamentario, el pasado período legislativo fue sencillamente deplorable, por la cantidad de asambleístas que incurrieron en acciones reñidas con la ley, algunos de ellos no recibieron lamentablemente sanción alguna, ya que la impunidad pareció ser la regla en aquel período. En el nuevo Parlamento, a raíz de su inicio se multiplicaron las voces en el recinto legislativo, que prometían honestidad, a más del cumplimiento cabal de las labores para las que fueron designados los nuevos parlamentarios. Sin embargo, el caso de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ha desmentido muy temprano estas promesas.
Cabe ahora que la Función Legislativa en su conjunto, no trepide en sancionar a quien ha incurrido en esta clase de delitos, más allá de las sanciones que tendrán lugar en el ámbito judicial, a fin de sentar un ejemplarizador precedente que a futuro corte por lo sano cualquier tentación de delinquir en la Legislatura.
