El macrodeslizamiento en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme vuelve a causar problemas de conexión terrestre entre Cuenca y Guayaquil.
Una vez más, la naturaleza revive el eterno problema vial del Azuay, cuyas carreteras, además de estrechas, al cruzar por cordilleras, ríos y fallas geológicas constituyen “bombas de tiempo”.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, califica de crítica la situación en el kilómetro 49 de referida vía, afectada en unos 250 metros y con caída de materiales desde 150 metros de altura.
No es, por lo tanto, un simple derrumbe. Pueden producirse deslizamientos de mayor consideración, advierte el ministro.
Ante tales circunstancias ha declarado la emergencia. Pero esta declaratoria no servirá de mucho si el gobierno no dispone los recursos económicos para afrontar el problema.
Los estudios determinarán las intervenciones de rigor, incluso la eventual construcción de una variante.
Mientras eso se espera, autoridades como el alcalde de Cuenca, la prefecta del Azuay, los sectores empresariales, deben hacer causa común para pedir a las aerolíneas dar el servicio en la ruta Cuenca-Guayaquil.
Esa urgente aspiración también debe ser la del ministro Cabrera. Bajo su responsabilidad está el transporte aéreo. Unir esfuerzos e iniciativas vale para estos momentos de apremio.
Aquel macrodeslizamiento, el pésimo estado de la Cuenca-Girón-Pasaje, los daños perennes en la Cuenca-Paute-Méndez, ni se siga en la Gualaceo-Plan de Milagro-Limón, la siempre postergada intervención en un tramo de la Sígsig-Chigüinda-Gulaquiza, más los problemas legales, forman un panorama sombrío de la vialidad azuaya, nunca resuelto del todo, posiblemente hasta a propósito.
La Cuenca-Molleturo-El Empalme fue construida sin estudios de impacto ambiental.
Ni bien entró en servicio sobrevinieron derrumbes y deslizamientos. Y no cesan; más bien se agravan.
El sucedido en el kilómetro 49 pone a prueba la capacidad ejecutoria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ni se diga el respaldo económico del gobierno. (O)
