Noticias sobre los gastos excesivos realizados por la presidenta de la Asamblea por concepto de alojamiento y alimentación en el cumplimiento de sus funciones fuera del lugar habitual de trabajo, ha dado lugar a protestas manifestaciones de indignación e interpretaciones humorísticas. Se trata de una forma de abuso de poder que no ocasiona daños a personas, pero muestra como algunos pueden entender las dignidades que desempeñan y perjudican económicamente al Estado, aunque no se trate de sobornos y comisiones por cifras que superan los centenares de millones. Todo abuso de poder, chico o grande, es repudiable.
No tiene sentido negar que pagos por viáticos y alojamiento a funcionarios públicos de cualquier nivel deben ser asumidos por la institución para la que trabajan, pero tampoco que sean ilimitados y dependan del criterio de las personas que desempeñan funciones. Hay servidores públicos que realizan estos gastos con moderación y sensatez, pero los hay también –en número mayor al que creemos- que abusan siguiendo el “principio” censurable “como paga el Estado…” Es indispensable que las instituciones públicas establezcan con seriedad límites de estos gastos, que se apliquen con seriedad y que los que han abusado sean sancionados o asuman de su bolsillo los excesos.
Recurriendo excusa, la protagonista de este exceso, ha manifestado que es una perseguida política por ser mujer y amazónica, lo que hará que se incrementen las interpretaciones festivas. No hay delitos e indelicadezas, todo es persecución política; lo sensato sería que asuma esta situación y que con su dinero pague el exceso. Estos abusos no tienen género y son cuestionables si lo ejecutan hombres o mujeres, peor referirse a la provincia que representa insinuando que si fuera de la costa o la sierra estas “comodidades” habrían sido desapercibidas. Nos recuerdan la frase de un pensador brasileño: “El problema del ser humano no es cometer errores sino justificarlo para seguirlos cometiendo”.
