Amparadas por el decreto de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, las Fuerzas Armadas de Ecuador llevan a cabo desde la madrugada de este jueves 30 de septiembre una operación para requisar armas en la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, donde el martes fueron asesinados 116 reos en una brutal ola de violencia entre bandas.
Así lo anunció el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, quien indicó en un mensaje por redes sociales que se trata de una operación conjunta con la Policía.
Se trata, dijo, de una «operación de requisa en varios pabellones de la Penitenciaría del Litoral», y que se lleva a cabo «en el marco del estado de excepción decretado para continuar retomando el orden».
Se trata de la prisión en la que el martes, en una reyerta entre bandas, murieron 116 reos y otros 80 resultaron heridos, un incidente que volvía a poner de manifiesto la severa crisis que aqueja al sistema penitenciario ecuatoriano desde hace tres años.
Solo en lo que va de año han muerto en este tipo de sucesos más 230 presos, con epicentro en esa prisión de Guayaquil, ciudad en la que también se concentra la actividad delictiva del país por su carácter portuario y donde han sido asesinadas en las calles más de 430 personas hasta agosto.
Según imágenes oficiales difundidas por la Gobernación de la provincia de Guayas, en el operativo han participado cientos de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos de unidades de elite.
Ante la crítica situación, el presidente Guillermo Lasso decretó este miércoles el estado de excepción en todo el sistema penitenciario (SNAI), abriendo con ello la posibilidad para que militares y policías ingresen en esos centros dada la incapacidad de ese organismo para controlar la situación.
Como ya ha hecho en otras ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles los hechos de violencia en la Cárcel del Litoral y pidió a Ecuador que investigue lo sucedido.
En su cuenta de Twitter, la CIDH advierte que en lo que va del año en Ecuador «más de 200 personas» han fallecido como resultado de la violencia en las penitenciarías. En ese contexto, instó al Estado ecuatoriano a «investigar de oficio y con debida diligencia los hechos».
