El Tribunal de Garantías Penales de Cuenca convocó para este 10 de enero de 2022, a las 08:30, de forma telemática, a la audiencia de juicio por el delito de tortura, cometido el 31 de mayo de 2016 presuntamente por integrantes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), mientras realizaban un operativo de requisa en el pabellón de mediana seguridad “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi.
De acuerdo con un informe de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), esta diligencia se dará bajo el contexto de la declaración de nulidad de la sentencia emitida en primera instancia, en la cual se ratificó el estado de culpabilidad de los procesados por el delito de extralimitación de la fuerza en un acto de servicio. Esta resolución de nulidad provocó que la causa regrese a etapa de juicio y que el Tribunal de Garantías Penales analice nuevamente los hechos.
En esta nueva fase, los 42 procesados serán investigados por el delito de tortura, de acuerdo a la teoría del caso expuesto por la defensa de las personas privadas de libertad en el centro de rehabilitación Turi.
Además, como prueba testimonial se escucharán nuevamente los testimonios de las personas privadas de la libertad de la cárcel Turi y de otros centros de privación de libertad. Por parte de los policías procesados, se presentarán las pruebas documentales y periciales de las partes procesales y se escucharán los alegatos de la defensa técnica de estos.
Este 10 de enero se instalará por segunda vez la diligencia, debido a que el pasado 5 de abril de 2021, un juez del Tribunal de Garantías Penales de Cuenca decidió no instalar la audiencia, dado a que no se pudieron garantizar las medidas de bioseguridad para que esta se realice y por no estar presente una defensa de un procesado.
La audiencia, que en un inicio se planteó de manera presencial, se realizará mediante video conferencia debido a las restricciones en cuanto al aforo permitido en las instalaciones del Complejo Judicial por los nuevos casos de contagio por la variante Ómicron en las últimas semanas.
Requisa en pabellón de mediana seguridad
El 31 de mayo de 2016, aproximadamente a las 10:00, ingresaron los miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) al pabellón de mediana seguridad “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi – Cuenca con el objetivo de realizar una requisa en el lugar. Sin embargo, en este operativo, cerca de 200 personas privadas de la libertad aparentemente fueron víctimas de golpes, toletazos, descargas eléctricas e incluso fueron obligados a desnudarse mientras les lanzaban gas lacrimógeno en el rostro.
Por estos hechos, el 30 de junio de 2016, el juez Juan Esteban Vélez Pesantez aceptó el hábeas corpus a favor de las 13 personas privadas de libertad y ordenó siete medidas de reparación integral.
Nulidad del proceso
En noviembre de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció a 37 de los 42 policías imputados a 106 días. Esta sentencia fue apelada y en marzo de 2020, la Corte Provincial de Azuay declaró la nulidad del proceso, primero porque la Fiscalía acusó por el delito de tortura y el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció a 37 policías por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio; entre otros como la individualización de la responsabilidad de cada uno de los procesados ; y tercero, porque no se incluyó en la sentencia la suspensión de la pena de los policías acusados.
No se pueden vulnerar los derechos
¿Qué se espera desde los derechos humanos?
Primero que la justicia ecuatoriana de una respuesta en cuanto a la tutela judicial efectiva, celeridad e inmediatez del proceso. Esperamos que se instale la audiencia. Recordemos que en abril del 2020 ya se pretendía que se instale el juicio pero por cuestiones de bioseguridad se aplazó. Ahora, ocho meses después se prevé la reinstalación de la diligencia.
Esperamos que la justicia ecuatoriana tome en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos, con respecto a la afectación a la integridad personal.
¿Hubo policías que cumplían su trabajo?
Eso no quiere decir que les exima de responsabilidad cuando no hacen uso proporcional de la fuerza. A lo largo de la historia se ha probado que por más órdenes no se pueden vulnerar derechos, existen ciertos límites.
¿Se puede justificar el uso de la violencia?
Estudios demuestran que el nivel de violencia utilizado por la Policía incide en el nivel de violencia utilizado por las personas privadas de la libertad. Por lo tanto, la violencia se convierte en un círculo de más violencia.
¿Existe falta de rehabilitación social?
Con el nivel de violencia marcado el año anterior, más de 300 personas privadas de la libertad fueron asesinadas. Hay que tomar en cuenta que el nivel de violencia está vinculado a la falta de respuesta de varios gobiernos: falta de rehabilitación social. En todas las masacres hubo el uso de armas de fuego y hasta granadas. El estado debe evitar la entrada de las armas.
