La sentencia a tres años cuatro meses de cárcel al gendarme Santiago Olmedo vuelve a poner en debate el uso progresivo de la fuerza de los miembros de la Policía Nacional, la institución encargada de dar seguridad a los ecuatorianos.
El policía, según justificó durante el proceso judicial, se vio precisado a usar su arma de dotación cuando un adolescente era asaltado en Riobamba y cuya vida pudo estar en riesgo.
Apremiados por la presencia policial, un presunto delincuente huyó; otros dos lo hicieron en motocicleta, siendo alcanzados por las balas disparadas por Olmedo, y fallecieron.
Olmedo, cuya defensa corrió por su cuenta, fue acusado por la Fiscalía, y un Tribunal Penal de Riobamba lo condena por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
Tras la sentencia se produjeron las reacciones. Provinieron del presidente Guillermo Lasso; de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; de la Policía Nacional, ni se diga de la gente por medio de las redes sociales.
Para Lasso, quien se queja de la falta de garantías para los gendarmes, la sentencia es indignante. Pero la Fiscalía, rescatando el papel de la Policía en materia de seguridad ciudadana, dice: “Perseguimos delitos, no personas”.
Recrudece, entonces, la discusión, derivada del uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía, varios de cuyos miembros han muerto a manos de delincuentes.
Los ecuatorianos son víctimas de la delincuencia, cada vez más organizada y sofistificada; ahora del narcotráfico y su ejército de sicarios. Una profunda psicosis invade al país. Por lo tanto, muchos pretenden justificar, como en el caso del policía Olmedo, cuando los delincuentes son abatidos.
Pero, ¿estuvo en riesgo inminente la vida del policía, la del joven asaltado, la de terceras personas? ¿Aplicó los niveles básicos del uso de la fuerza?
Se trata de un asunto delicado, polémico, jurídico, de derechos humanos. Y así debe ser analizado y legislado; no al calor de la euforia o por el miedo y la inseguridad, originadas por la delincuencia.
