Santiago Guarderas, alcalde de Quito, fue acusado de perjurio ante la Fiscalía General del Estado, pues según un grupo ciudadano, se habría candidatizado pese a que posee bienes en paraísos fiscales, lo cual quedó prohibido tras la Consulta Popular del 2017.
Según Alejandro Rodas, constitucionalista que lidera la iniciativa en contra del burgomaestre, Guarderas es socio del estudio jurídico Quevedo & Ponce y de una compañía dedicada a proyectos inmobiliarios en Panamá, país que, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), es considerado un paraíso fiscal. La compañía habría sido creada en la década de los noventa, antes de que se candidatice a la concejalía de Quito.
El caso también fue denunciado ante la Contraloría General del Estado, institución en la que se ordenó la realización de un examen especial para analizar este tema, el cual estará listo en dos meses.
En días pasados el alcalde de Quito también fue acusado de ser socio de la empresa que estaría a cargo de la construcción del cenizario Urkupamba, al cual se acusó de desencadenar el aluvión en los varios La Gasca y La Comuna, lo cual fue negado por el burgomaestre. (ASM)-(I)
