El Gobierno de Ecuador analiza mecanismos legales para oponerse a la decisión de la Asamblea Nacional (parlamento) de amnistiar a 268 personas, entre ellos indígenas y activistas, procesados por participar en protestas sociales o en la defensa de derechos de la naturaleza.
Según el consejero de Gobierno, Carlos Jijón, «con todo el respeto que tiene el Gobierno por la independencia de funciones, el presidente (Guillermo Lasso) considera que la decisión ha sido injusta e irresponsable».
Injusta -explicó- porque ha olvidado los «ataques y agresiones» que sufrió la ciudad, comerciantes, periodistas e integrantes de las fuerzas del orden.
Entre los 268 amnistiados hay 60 por las violentas manifestaciones de octubre de 2019 que tuvieron su epicentro en el casco antiguo de la capital de Quito, donde la sede de la Contraloría acabó en llamas.
«Se quemaron edificios públicos y privados, la ciudad fue agredida de una manera muy violenta», dijo Jijón, al comentar que es «injusta al dejar sin que los responsables paguen sus culpas».
Por ello -añadió- el Ejecutivo «está estudiando las decisiones constitucionales que se enmarquen dentro de la Constitución y la ley para poder oponerse legalmente a esa decisión de la Asamblea».
«El Gobierno va a seguir los caminos legales para oponerse a la decisión tomada por la Asamblea. El Gobierno, en este momento, está estudiando cuáles serán esas medidas legales», insistió.
Recalcó que el Ejecutivo se opone a la decisión del Legislativo y ha «mostrado su desagrado» por lo que busca los caminos constitucionales «para poder hacer efectiva esa oposición».
La concesión de las amnistías a 268 procesados, entre ellos líderes indígenas, defensores ambientales y cargos públicos afines al correísmo, abrió un debate en la opinión pública entre quienes la rechazan y aquellos que la ven como un gesto necesario de pacificación.
Además de los 60 procesados por los disturbios de 2019, había 153 que estaban involucrados en protestas en defensa de territorios comunitarios, 43 identificados por organizaciones civiles como defensores ambientales y doce «criminalizados» por administrar justicia indígena.
Entre el 3 y el 13 de octubre de 2019 Ecuador quedó paralizado por los disturbios que se registraron con especial virulencia en el centro de la capital, y el bloqueo de vías cruciales del territorio nacional, lo que llevó al Ejecutivo de entonces a declarar el estado de excepción.
El desencadenante fue un decreto presidencial que eliminaba históricos subsidios a la gasolina de mayor consumo y que tuvo que ser derogado para aplacar unas protestas en las que murieron media docena de personas y más de 1.500 resultaron heridas. EFE
