A la hora de las conveniencias de la política de bajo cuño, Ecuador no cuenta para quienes no gobiernan desde el Ejecutivo. Su único objetivo es desestabilizar, sembrar incertidumbre, buscar acomodos y pensar en las próximas elecciones.
El enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo pone al país casi, casi al límite de la irracionalidad. Polemizar, confrontar y criticar son parte del juego democrático en cualquier parlamento del mundo, mucho más si no hay mayorías dóciles al gobernante de turno.
El archivo del proyecto de Ley de Inversiones por parte de una mayoría coyuntural en la Asamblea echa por la borda una propuesta, según el gobierno, pensada para fomentar plazas de trabajo para millones de desocupados, entre otros ejes encaminados a la recuperación económica.
Se ha categorizado al proyecto como privatizador. Quienes aprobaron en su momento la Ley de Alianzas Público-Privadas y hasta concesionaron vías y puertos, el de Posorja, por ejemplo, se olvidaron, y asoman como estatistas a rajatabla.
Otros bloques identificados con la centroizquierda y el extremismo aún creen en idearios anacrónicos, desconocen la realidad de la política económica mundial y ni se diga la vigente en países como China donde predomina el capital, incluso con tendencia hegemónica.
Resta saber el desenlace de la obsesión por desconocer la ley tributaria, vigente al no haber sido votada por el pleno de la Asamblea.
Si eso sucede, el gobierno del presidente Guillermo Lasso llegará a su primer año de gestión sin un andamiaje legal para sostener su programa económico, basado en conseguir inversiones de gran magnitud.
Frente a tales nubarrones, la legislatura antagonista persiste en su lavado de manos, en su modorra frente a los requerimientos de la nación, mientras el Ejecutivo, huérfano de apoyo político, ha optado por acusar de chantajistas a ciertos asambleístas y de denunciarlos ante la Fiscalía. Se habla de una posible consulta popular y hasta de la muerte cruzada.
Una encrucijada, por el momento, difícil de dilucidar.
