Un Estado infiltrado o peor controlado por las mafias es su destino cuando no se sacude a tiempo la telaraña criminal. El auge delincuencial tiene su escalada con la distorsión de los valores y principios como del mismo Derecho, en el abuso de las garantías y mecanismos procesales y la corrupción de quienes prevarican en el ejercicio de sus funciones.
Cabe precisar que la Constitución de Montecristi, las normas del COIP y las regulaciones conexas, sacralizan las garantías para los delincuentes. Por eso lo primero, si se pretende realmente limpiar o cuando menos poner límite eficaz al delito, es crear un ordenamiento normativo que garantice a las personas y sus derechos en la certeza de su eficaz protección.
Pensemos que la Constitución vigente reconoce la ciudadanía universal, sin ningún sistema de seguridad para los ciudadanos ecuatorianos, así se facilita la actividad delincuencial como a los narcotraficantes y los inversionistas de la producción y comercio de la droga, con una tabla de consumo que fomenta su clientela a gran escala. El artículo 364 de la Constitución define a las adicciones como problema de salud pública.
Al estudiar el proceso social del Ecuador se encuentra que los organismos de prevención y sanción del delito, como la misma Fuerza Pública, han sido desbordados por la delincuencia. La violencia de las mafias que pugnan por el control carcelario, la libertad de los reos y la impunidad de los delincuentes, demuestran la perversión del sistema vigente y nos advierten del colapso institucional. Situación límite que nos desafía a todos. El Presidente de la República debe actuar sin dilaciones en función del cambio integral que requiere el País. (O)
