La corrupción continúa en forma más desvergonzada en el país con tal dramatismo que como una serie televisiva podría titularse “Corrupción: temporada 3” cuyos actores son ladrones de fondos públicos, jefes de bandas delincuenciales, sicarios, narcotraficantes, jueces y líderes políticos. La corrupción de los dos gobiernos anteriores persiste a pesar de ciertos logros que podrían esfumarse y quedar todo en impunidad escandalosa.
No son las normas y las instituciones jurídicas las culpables de la crisis, sino las autoridades que ejecutan, juzgan y aplican las leyes cuyas prácticas corruptas en la administración pública y en la justicia conducen al país a la más completa inseguridad en todos los ámbitos de la vida social.
Por lo tanto, no se puede acusar al sistema de garantías de los derechos establecido en la Constitución y más leyes, la causa de la descomposición de la justicia. Las normas de la Constitución, los convenios internacionales, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son claras, otra cosa es la manipulación dolosa, antijurídica, antiética y arbitraria de las leyes, la que permite que delincuentes con sentencias firmes vayan a sus casitas o narcotraficantes queden libres.
En este escenario de inseguridad jurídica que permite la impunidad a los corruptos y delincuentes, no es posible atraer inversiones, con excepción de capitales de oscuro origen que pueden venir del extranjero y legitimarse con una declaración tributaria blindada en su secretismo.
Es tal la situación del país que la desconfianza en las funciones del Estado puede ser aprovechada por bandas disfrazadas de políticos con vínculos con la delincuencia organizada y el narcotráfico convertido en actor político, por lo que cualquier medida como muerte cruzada o consulta popular podría ser aprovechada por quienes acechan el poder.
En esta vorágine de corrupción la ciudadanía debe movilizarse para exigir la depuración del Estado, la renuncia de los pillos enquistados en el aparto judicial, electoral, legislativo, en los órganos de control y seguridad pública. Queda poco tiempo para evitar la total tragedia nacional, la marcha por la impunidad ya se inició. (O)
