La crisis en la administración de Justicia toca fondo. Una Justicia en medio de disputas, de rivalidades por el trono, ni se diga por las constantes maniobras para controlarla desde el poder político, luce embarrada.
Tras la renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) sobrevino el problema, hasta ahora irresoluto. Ella fue nombrada por el Consejo de Participación Social Transitorio, cuyas resoluciones las blindó la Corte Constitucional (CC).
¿Quién debió reemplazar a Maldonado? Según ella, debió ser Álvaro Román, quien completó la terna enviada por la Fiscalía. Persiste la duda de si debe asumir la vocalía o la presidencia del CJ, cargo reservado únicamente para el representante de la Función Judicial.
Eso dice la Constitución; pero se contrapone la ya citada resolución de la CC, la única llamada a interpretarla. Román lo pidió planteando una acción extraordinaria de protección. Aún no tiene respuesta.
El CPC encargó el mando del CJ a Fausto Murillo, a quien el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, le envió la terna para la elección del titular.
Transcurrido tres meses, Saquicela retiró la terna, denunciando el intento de “meterle las manos a la Justicia”.
La reacción del CJ, aunque con votos ajustados, fue tajante: suspender a Saquicela por 90 días, y, tal como están las cosas, hasta podría destituirlo. El motivo: la supuesta negligencia para tramitar la extradición de Rafael Correa.
Saquicela recibió el respaldo de los presidentes de las Cortes Provinciales. Y por esto, también están en la mira del CJ cuya “espada” descabezó a varios de sus coordinadores zonales, entre ellos el de Azuay.
Ojo: el CJ debe seleccionar a jueces anticorrupción y a magistrados para la Corte Nacional. ¿Por ahí, a lo mejor, va la reacción a la denuncia de “meterle mano a la Justicia”?
La crisis judicial calza con la disputa política por tomarse la Asamblea Nacional y, a la par, el CPC, el propio CJ y, de paso, la Justicia. ¿Meras coincidencias?
