La nueva correlación de fuerzas políticas presente actualmente en la Asamblea, con una mayoría de oposición del Ejecutivo, podría llevar al Presidente de la República a aceptar la invitación al diálogo que le hiciera hace pocos días el Presidente de la Asamblea.
Es que al Ejecutivo y a la Asamblea no les queda otra alternativa, sino la de recurrir al diálogo y a los acuerdos para evitar bloqueos mutuos en el tema del procesamiento y la aprobación de las Leyes. El reciente veto total del Presidente Lasso a las reformas a la denominada “Ley humanitaria” y el anuncio de un veto total a las reformas a la “Ley de comunicación”, así como la posibilidad de que futuros proyectos de Ley enviados por el Ejecutivo reciban la negativa total de la Asamblea, presagian precisamente que si no hay un diálogo sostenido lo que se puede producir es un enfrentamiento constante entre esos dos órganos del poder público y, por lo tanto, una permanente crisis de gobernabilidad con consecuencias políticas impredecibles.
De parte del Gobierno es necesario que se tome ya conciencia de que, así como el pueblo eligió un Presidente de la República con una ideología conservadora y neoliberal, eligió también una mayoría de asambleístas con una ideología distinta a la suya. En consecuencia, el Presidente no puede esperar que sus proyectos de Ley se aprueben tal como él quiere o acusar, cuando esto no se da, a la Asamblea con el estribillo de “conspiración” o “golpismo”; pues la independencia de poderes (en este caso entre Legislativo y Ejecutivo) es consubstancial a la democracia, amén de que sin oposición no hay democracia sino dictadura. Recordemos que al régimen correísta se le cuestionaba justamente por la falta de esa independencia y por las críticas a la oposición.
Desde lado de la Asamblea, específicamente desde mayoría, le tocaría también ceder en aquellos aspectos legislativos que, aunque vengan del Ejecutivo, representen beneficios para la mayoría de la población; amén de que también le corresponde fortalecer su rol de fiscalización frente a los actos del Ejecutivo y de las otras instancias del poder público; una fiscalización que estuvo muy venida a menos en la época de Guadalupe LLori, o que ha sido manifiestamente selectiva con ciertos casos. (O)
