GAD Provincial quiere reactivar el peaje de Chaquilcay para financiar obras en carreteras.
Los problemas viales, la necesidad de recursos para frenar el movimiento de masas de tierra, así como la defensa de las fuentes hídricas y los límites territoriales. Esos fueron los principales temas que marcaron ayer la sesión solemne por los 198 años de la provincialización del Azuay.
El Gobierno Provincial organizó la ceremonia tras un mes de la fecha conmemorativa original que es el 25 de junio. El acto no se lo pudo realizar en aquel entonces debido al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE).
La prefecta Cecilia Méndez se encargó de enumerar cada una de las necesidades del Azuay. Lo hizo acompañada de alcaldes, presidentes de juntas parroquiales y dirigentes comunitarios.
En vialidad se reconoció que la falta de recursos económicos es el principal inconveniente para atender las carreteras de la provincia. Sin embargo, existen propuestas para tratar de solucionar esta problemática.
Méndez habló de la importancia de que el Gobierno cambie la fórmula de equidad territorial para la asignación de recursos económicos. La tesis del Azuay es que se considere los kilómetros de vías construidos en relación con los territorios productivos para dejar a un lado el factor de la densidad poblacional.
Asimismo, el GAD Provincial solicitará la concesión del acceso a los cantones nororientales con el afán de reactivar el peaje de Chaquilcay, cuyos recursos contribuirán al mantenimiento vial de la provincia. La propuesta está lista para presentarla en los próximos días a Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
También se destacó como una alternativa el trabajo mancomunado con los gobiernos seccionales para que, a través, de convenios de concurrencia se mejore la vialidad rural.
Sobre el movimiento de masas que afecta varios territorios azuayos, se propone que los recursos de la Ley 047 -cuya reforma se discute en la Asamblea Nacional- financien la reparación integral del medio ambiente en las zonas que han sido afectadas por un manejo inadecuado de las captaciones de agua.
La prefecta recordó que estos recursos le corresponden, principalmente al Azuay por la presencia en su territorio de las centrales hidroeléctricas que alimentan al país.
La defensa de las fuentes hídricas es otra de las principales tareas de las autoridades. Méndez aseguró que los pueblos campesinos de Sígsig, Nabón, Santa Isabel, Pucará, Ponce Enríquez y Molleturo (Cuenca) están amenazados por las empresas mineras.
Además, cuestionó que grupos partidistas pongan en riesgo planes estratégicos como el proyecto hidroeléctrico Soldados-Yanuncay, así como la recuperación de las lagunas en los cantones de Girón y San Fernando.
En la defensa de los límites territoriales, sobre todo, de la zona costanera de Molleturo (Cuenca) con la provincia del Guayas, se ha generado una agenda para su reintegración, dijo Méndez.
Asimismo, se puso de relieve la conformación de una comisión de límites que recibe el apoyo del GAD Provincial para emprender acciones legales y políticas para dar de baja un acuerdo suscrito en el 2015 que no consideró los criterios de la población.
Claudio Loja, alcalde de San Fernando y presidente de la Asociación de Municipalidades del Azuay (AMA), compartió los criterios de la prefecta Méndez, y profundizó sobre las necesidades viales.
“Azuay sufre desde hace varios años atrás problemas viales que empeoraron ahora con la época invernal”, citó Loja, quien acotó que se deben articular acciones entre los diferentes niveles de gobierno de la provincia para gestionar recursos con el afán de solucionar los daños, tanto de la red vial estatal como de los accesos de segundo y tercer orden.
En el acto formal, que se efectuó en el patio “Silvia Cordero Cueva”, de la Casa de la Provincia, también se entregaron 11 preseas y nueve reconocimientos a las personas e instituciones que han aportado al desarrollo del Azuay. Se resaltó el trabajo de artesanos y colectivos defensores de los páramos. (BPR)-(I)
OPINIONES
Janeth Garzón,
Conagopare-Azuay
“La vialidad es una de las preocupaciones más grandes que tiene la provincia que no se da solución por el Estado, ni por los gobiernos locales porque el presupuesto no alcanza. Además, el COVID-19 nos afectó, especialmente a los pequeños productores, no podemos hablar de una reactivación sin una política social eficiente. La salud y educación también son otros graves problemas en la ruralidad de Azuay”
Andrés Robalino,
Cámara de Industrias
“La provincia tiene muchas falencias. Hace falta invertir en educación de calidad y técnica que sirva a las personas para poder emprender y ser parte de un mercado laboral. También se necesita trabajar en la planificación de la provincia, saber qué necesitamos, a dónde queremos llegar. Se debe recuperar el trabajo articulado entre las autoridades. Existe un distanciamiento grande entre alcaldes y la prefecta”
PRESEAS
