La tarde de este domingo 14 de agosto, mediante rueda de prensa dada por distintas autoridades, el secretario de Seguridad Pública y el Estado, Diego Ordóñez, informó que se declarará el estado de excepción en Guayaquil, tras la reciente explosión en el barrio Cristo del Consuelo, en el sur de la ciudad, que la madrugada de este domingo dejó al menos cinco muertos y 16 heridos.
La medida durará 30 días y empezará a regir desde este 14 de agosto y será aplicada a través de un decreto (527) que será firmada por el presidente Guillermo Lasso con el que se pretende «restablecer el orden y la seguridad» en la ciudad, indicó Ordóñez.
Por su parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que el país vive «una ola de violencia irracional» y que la finlidad de las acciones es frenar el avance de los grupos organizados ligados al narcotráfico.
Carrillo anunció también que el Gobierno ha planteado entregar una recompensa de 10.000 dólares a cambio de información que permita esclarecer el atentado.
Pronunciamientos
El Ministerio de Gobierno, liderado por Francisco Jiménez, emitió un comunicado oficial en el que calificó este suceso como un «acto de terrorismo» y se comprometió a identificar y castigar a los responsables del atentado.
«A nombre del Gobierno Nacional y del mío propio extendemos nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas de este acto de terrorismo. No podemos regresar las vidas de los que fallecieron, pero identificaremos a los culpables de este crimen y sobre ellos caerá todo el peso de la ley», se precisó en el texto.
Además, aseguró que el presidente del país, Guillermo Lasso, «ha determinado con claridad que la seguridad es prioridad nacional» y que, por ello, el Ejecutivo insiste en hacer un llamamiento a todas las autoridades del país para «unir esfuerzos en favor de la seguridad» ciudadana.
«Las fuerzas del orden necesitan hoy más que nunca la confianza de que no serán criminalizados por cumplir con su deber de defender a los ecuatorianos», agregó el Ministerio y remarcó que el Gobierno trabajará con las herramientas de la ley para garantizar un «trabajo coordinado y contundente de Policía y Fuerzas Armadas, en esta lucha por construir condiciones de una paz duradera».
De su lado, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció la fijación de una recompensa de 10.000 dólares por información que permita dar con los responsables.
Esa es una acción inmediata ante los hechos ocurridos en Cristo del Consuelo, para lo cual se ha habilitado la línea telefónica «1800 DELITO», agregó el ministro en su cuenta de Twitter.
Carrillo en un anterior trino había calificó la explosión en Guayaquil como «una declaración de guerra al Estado».
«Mercenarios del crimen organizado, que han narcotizado la economía durante mucho tiempo, ahora atacan con explosivos. No es un problema de la Policía» nacional solamente, añadió Carrillo.
«O nos unimos para enfrentarlo o el precio será aún más alto para la sociedad», advirtió el ministro del Interior.
Por otra parte, el abogado y activista guayaquileño Pedro Granja comparó la situación de inseguridad en su ciudad con la que en su momento afectó a la colombiana de Medellín, durante la época del narcotraficante Pablo Escobar.
«No es la Medellín de Pablo Escobar. Es el Cristo del Consuelo en Guayaquil. Terroristas pusieron una bomba en la madrugada: 5 personas asesinadas. 7 personas heridas. 8 casas destruidas», colgó Granja en su cuenta de Twitter.
«Lo del Cristo del Consuelo es la desgarradora imagen de un país abandonado a su suerte», agregó el activista.
Guayaquil, una de las ciudades más pobladas de Ecuador y nudo del comercio exterior del país, ha sido el blanco de una ola de violencia y delitos como asaltos, casos de asesinatos por encargo (sicariato) y enfrentamientos a tiros entre bandas de delincuentes.
Aunque ese tipo de violencia también se ha extendido a otras ciudades del país como Quito, la de Guayaquil ha sido resonada fuertemente por los medios de comunicación que a diario informan de los crímenes en la ciudad.
Ecuador, además, soporta una crisis en sus prisiones, por la disputa de grupos armados que buscan hacerse con el control de las cárceles, enfrentamientos que han dejado más de 400 reclusos asesinados en los últimos dos años. EFE
