Luego de estos tiempos de conflicto político, en los que la oposición pretendió sin justificación válida la destitución del Presidente Lasso y que resultó ser un intento fallido, al igual que las movilizaciones indígenas, convergentes en tal intención, se evidencia la necesidad de un cambio en profundidad que los ciudadanos aspiramos para vivir, trabajar y producir en paz.
Este es el punto básico para fortalecer las bases institucionales del Estado.
La magnitud de la crisis no se agota en los hechos puntualizados sino que engloba a la estructura misma del sistema de gobernabilidad.
Pensemos en el absurdo de establecer la bicefalia de la Función Judicial y que en anteriores semanas se protagonice la confrontación del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia; o, la innecesaria existencia del CPCCS, a más de la violencia delincuencial de alta peligrosidad que se manifiesta en procesos siniestro que demuestran la precariedad de las normativas, la contradicción de conceptos y la paradoja demencial, si así se puede llamar al Abuso del Derecho con la distorsión de las garantías penales que jueces sin probidad resuelven en función de los intereses de la mafia. En la base misma de este proceso late la pretensión de impunidad de quienes saquearon al Estado.
De la crisis a la solución es el camino a trazar.
Este cuadro de ingobernabilidad, nos demuestra una vez más, la necesidad no de simples reformas o enmiendas constitucionales cuanto de un nuevo diseño del Estado, en concreto una Constitución, precisa, coherente y justa, que nos garantice la necesaria confianza en la seguridad jurídica por el real imperio del Derecho. La consulta popular es el camino. (O)
