Uno de los grandes problemas de la cultura jurídica del país, es que al expedir las leyes, reglamentos y otros actos normativos, se dejan, a veces, a propósito, cabos sueltos, ambigüedades, vacíos y contradicciones, que luego son aprovechados, no para dar solución con los procedimientos jurídicos que rigen para la interpretación, la solución de lagunas y antinomias, sino para la manipulación arbitraria y corrupta de las normas jurídicas para favorecer intereses políticos o económicos en desmedro del interés general de los ciudadanos.
En la misma Constitución de la República se dejaron cabos sueltos para “ir arreglando las cargas en el camino” conforme a las coyunturas políticas y la voluntad de quien ostente el poder, conducta que se reproduce en la administración pública, y lo más grave, en la justicia, mucho más cuando no impera una verdadera independencia de las funciones del Estado.
Se oscurecen mucho más las penumbras jurídicas cuando no se expiden oportunamente las leyes a las que se remite la Constitución de la República o las necesarias para materias trascendentales como la ley de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria o la ley de consulta previa, libre e informada, llegándose al extremo de expedir reglamentos, instructivos o resoluciones para sustituir a las leyes que exige la Constitución.
Bajo estas penumbras jurídicas los gobiernos de turno realizaron concesiones mineras y petroleras, algunos de cuyos procesos no observan a cabalidad el ordenamiento jurídico ecuatoriano, tales como los principios ambientales, por ejemplo, el principio precautorio, y normas claras de protección de la biodiversidad silvestre, del patrimonio natural, ecosistemas, conservación y protección del suelo y el agua.
Estas maniobras asquerosas de jugar con las penumbras jurídicas llevan a expedir resoluciones administrativas arbitrarias, contrarias a los intereses vitales de comunidades rurales, poblados y ciudades, cuya consecuencia es la inseguridad jurídica de los derechos de los ciudadanos, e incluso de las propias inversiones, provocando la reacción ciudadana con la Constitución en la mano, que chocan con la insensibilidad de los gobiernos que optan por seguir con las irregularidades jurídicas. (O)
