Cuando tras los debates de rigor, la Legislatura y el Ejecutivo promulgan una ley, esta rige para todos.
Todos están obligados a cumplirla. No hacerlo, quebrantarla, ni aún alegando su desconocimiento, implica someterse a las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Tras el debido proceso, la autoridad competente investiga, declara la inocencia, enjuicia y sentencia a los infractores.
De un tiempo a esta parte, ciertos grupos sociales pretenden ponerse por encima de la ley.
En su justo derecho a la protesta se extralimitan. Generan violencia, comenzado por bloquear las vías, sabotean servicios públicos; bajo amenaza obligan a otros a sumarse a su “lucha”; atentan contra la propiedad pública y privada, se arman y se enfrentan con la fuerza pública, secuestran a policías o los someten al escarnio público, impiden el libre tránsito de alimentos y hasta de ambulancias.
Una vez sometidos a la ley buscan a toda costa impunidad. Hasta amenazan para conseguirla. Pretenden justificar sus desafueros con un argumento ya desgastado: “criminalización de lucha social”.
Y cuando la hubo, ellos, aún siendo víctimas de un gobierno represor, optaron por replegarse o protagonizaron escaramuzas, silenciadas con solo la palabra o el insulto del gobernante, actualmente su aliado.
Ahora, prevalidos de su fuerza organizativa buscan arrodillar hasta al mismo Estado.
Aprovechan el diálogo hasta para obligar a Fiscalía a sentarse en la mesa a fin de torcer el brazo de la ley.
Son parte de un proceso con el cual se busca sancionar a quienes causaron desmanes y violencia en junio pasado, pero se consideran intocables. La Fiscalía ha aceptado semejante despropósito. Una decisión inaceptable.
Se presta hasta para ser proclive a diatribas como las lanzadas contra el Ejecutivo, al parecer ya sometido.
La ley “manda, prohíbe o permite”. Lo saben quienes buscan impunidad. Sométanse a ella. Si son inocentes, quedarán libres. Si no lo son, paguen sus consecuencias.
