El Pleno de la Asamblea Nacional, con 80 votos afirmativos y 29 negativos, aprobó el 10 de julio del 2025 el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica.
En la Asamblea se recalcó que la norma establece medidas económicas emergentes para garantizar el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Además, se asegura la sostenibilidad ambiental, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de las funciones ecológicas, la gestión sostenible de estas áreas y el desarrollo local.
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe, manifestó que el proyecto se justifica en la necesidad de resguardar el patrimonio nacional, a través del fortalecimiento de las áreas protegidas.
Centeno además resaltó que se garantizará la profesionalización y el respeto a los derechos de los guardaparques y se generará una institucionalidad que permita al Estado delegar ciertos servicios relacionados con estas zonas a los sectores privado y comunitario.
“Esto no constituye, de manera alguna, abrir la puerta a ningún tipo de privatización de los recursos naturales estratégicos”, aseguró Centeno.
El proyecto consta de ocho artículos, tres Disposiciones Generales, cinco Transitorias, siete Reformatorias a las leyes de Movilidad Humana; de Régimen Tributario Interno; al Código Orgánico Monetario y Financiero; a la Codificación de la Ley de Aviación Civil; a la Ley de Reforma Tributaria de 2001; y, a la Ley Orgánica del Servicio Público.
La ley permite, de manera excepcional, temporal y bajo control civil, la intervención de las fuerzas del orden en las áreas protegidas, como una herramienta para detener el avance del crimen organizado en zonas rurales y áreas naturales.
La polémica
Sin embargo, el debate de la ley no estuvo exento de polémica, la reciente denuncia en contra del asambleísta Santiago Díaz, de la Revolución Ciudadana (RC), por la violación de una niña de 12 años, fue parte de la discusión.
Nataly Morillo, de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), trajo a colación el tema, al exigirle a Viviana Veloz, de RC, presidenta de la Comisión de la Niñez, que tome cartas en el asunto.
Por su parte, Veloz rechazó la intención del oficialismo de querer politizar el tema y, a gritos, señaló que ella mismo fue víctima de abuso cuando tenía cuatro años.
Tras la intervención de Viviana Veloz, el correísmo acusó a miembros del oficialismo de haberse burlado del testimonio de la asambleísta, por lo que exigieron disculpas públicas, abandonaron el hemiciclo y advirtieron que no volverán mientras no se dé una medida de reparación.
