Organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBT+ en Ecuador han manifestado su preocupación por un presunto uso oportunista de la normativa sobre cambio de género en el Registro Civil.
La reacción surge tras la detención del alcalde de Pujilí, José Arroyo, y su traslado a un centro de reclusión para mujeres.
El 7 de agosto de 2025, Arroyo fue arrestado durante un operativo en tres provincias por presunto peculado en el marco del caso Ornato Municipal, junto a otras 16 personas.
Durante la audiencia de formulación de cargos, se determinó su reclusión en el Centro de Privación de Libertad Quito Femenino Atención Prioritaria “Casa de Confianza”.
La decisión se tomó porque en su cédula consta como mujer y él ratificó su deseo de ser tratado según ese género.
Sospechas sobre el cambio de género
Según la Asociación Silueta X, la Asociación Transmasculinos Ecuador, la Plataforma Nacional Resolución Trans y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+, Arroyo habría realizado el cambio de género en 2024, cuando comenzaron las investigaciones en su contra.
Los colectivos señalan que no existían indicios de transición ni una autoidentificación previa como persona trans.
El alcalde, quien en el pasado se declaró públicamente homosexual, mantiene su nombre legal masculino, algo que, de acuerdo con colectivos trans, no es habitual, pues generalmente el cambio de género se acompaña de una modificación de nombre para alinear la identidad legal con la autopercepción.
“Este cambio de género, posterior al inicio de las investigaciones, ha generado sospechas sobre su intención. Esto desvirtúa la finalidad de la ley, diseñada para proteger la identidad de género de personas trans, no para resolver conflictos legales ajenos a la diversidad”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
Antecedente similar: René Salinas Ramos (2023)
Las organizaciones recordaron el caso de René Salinas Ramos, ocurrido en 2023, cuando este hombre cisgénero cambió su género a femenino en el Registro Civil de Azuay con el fin de obtener ventajas en un juicio de custodia de sus hijas.
En aquella ocasión, también se omitió el cambio de nombre.
Contexto legal
La ley de identidad de género en Ecuador, vigente desde 2015, permite modificar el género en la cédula sin requisitos médicos o psicológicos, basándose en el principio constitucional de libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, colectivos trans han denunciado que el Registro Civil impone trabas a personas trans visibles, mientras que en casos como el de Arroyo y Salinas Ramos se aprueban cambios de forma expedita.
Demandas de investigación
Las organizaciones LGBT+ han solicitado:
- Una investigación interna en el Registro Civil para determinar la legalidad del procedimiento en ambos casos.
- Sanciones a funcionarios que hayan facilitado cambios de género con fines no contemplados en la ley.
- Una interpretación de la Corte Constitucional que reafirme el espíritu original de la normativa y establezca salvaguardas contra su uso fraudulento.
“Estos casos amenazan los avances logrados por la comunidad trans y refuerzan estigmas que dificultan el acceso equitativo al reconocimiento legal de su identidad”, afirmaron los colectivos.
