La Asamblea Nacional aprobó, con 77 votos a favor, la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. El Ejecutivo defiende la norma como un instrumento para acelerar inversiones, reducir trámites y fortalecer la producción nacional.

Sin embargo, su aprobación abre una nueva grieta política y social, especialmente en Azuay, donde el proyecto minero Loma Larga–Quimsacocha vuelve al centro del debate.

Quimsacocha es considerado un ecosistema estratégico por ser zona de recarga hídrica que abastece a Cuenca y otras poblaciones. En las consultas populares de Girón (2019) y Cuenca (2021), la ciudadanía rechazó la minería metálica a gran escala en fuentes de agua.

Los defensores de la ley sostienen que no se han eliminado controles constitucionales, se respeta la voluntad popular expresada en consultas y se fortalece la seguridad jurídica para atraer inversión.

Sus críticos advierten que se flexibilizan etapas clave de control ambiental, que no se incluyó una prohibición expresa en zonas de recarga hídrica y abre resquicios que permitirían reactivar la exploración.

“Quimsacocha no se toca”

El asambleísta por Azuay, Adrián Castro, afirmó que se ha construido una campaña de desinformación alrededor de la norma.

Aseguró que no se ha eliminado la licencia ambiental, pues los artículos 41 y 47 de la Ley de Minería, que la exigen, siguen vigentes.

Recordó que la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental están consagradas en la Constitución (arts. 57 y 398) y esto no se ha reformado.

“Quimsacocha no se toca y ahora eso está en la ley. Se incorporó una disposición que hace valer la consulta popular de 2021 donde los cuencanos dijimos no a la minería en zonas de recarga hídrica. Esto se ha blindado”, aseguró.

Castro también rechazó que la ley implique militarización generalizada. Indicó que la intervención de Fuerzas Armadas se limita a zonas con presencia de grupos criminales.

El abogado Leonardo Morales coincidió en que la reforma no elimina la licencia ambiental.

Sin embargo, señaló que la normativa no incorporó una “prohibición expresa en zonas de recarga hídrica”. A su criterio, esa habría sido la solución para evitar conflictos

“La Ley de 2009 permitió el ingreso a Quimsacocha, esta lo sigue permitiendo. Si se quería proteger Quimsacocha, se debía incluir una prohibición expresa de la exploración minera en ecosistemas frágiles y fuentes hídricas”, afirmó.

Subrayó que la disposición incorporada por Castro obliga a respetar las consultas populares, lo que puede convertirse en un mecanismo jurídico de defensa territorial.

“Es una ley ecocida”

El abogado y excandidato presidencial Yaku Pérez considera que la reforma flexibiliza requisitos en etapas tempranas de exploración y reemplaza controles por autorizaciones anticipadas, lo que —según dijo— pone en riesgo ecosistemas frágiles.

También cuestionó la figura de los “clusters mineros”, al señalar que podrían debilitar el control de las autoridades.

“Es un colonialismo, despojar de sus territorios a las comunidades y entregar los clusters mineros a las empresas transnacionales, donde ellos tienen sus propias reglas de juego”.

Pérez afirmó además que no se realizó consulta prelegislativa a pueblos indígenas y anunció acciones ante la Corte Constitucional.

Agregó, que la defensa del agua no es solo rural.

“Lo que pasa en los Andes afecta a la Amazonía y el oxígeno de la Amazonía viene a los Andes. Esta lucha es de todos”, afirmó e hizo un llamado a la movilización social.

Por su parte, el asambleísta Roque Ordóñez criticó el trámite como ley económica urgente y cuestionó que colectivos ciudadanos no participaron en el debate.

A su juicio, la disposición que obliga a respetar consultas populares es redundante ya que ese principio está en la Constitución.

Considera que el problema de fondo es la “política extractivista del Gobierno” que, según dijo, a través de sus múltiples empresas antepone el interés personal privado ante el interés común de la ciudadanía.

“Quimsacocha está en riesgo porque hubo ya una ‘revocatoria’ por parte del Gobierno, pero una vez aprobada esta ley se puede presentar nuevamente una solicitud de iniciar la explotación minera”, indicó.

Ordóñez anunció que se presentará una demanda de inconstitucionalidad y aseguró que «la minería no es buena cuando hay intereses protervos de quienes ostentan el poder».

Qué dice la norma sobre Galápagos

Ante versiones sobre una eventual actividad minera en el archipiélago, el presidente Daniel Noboa indicó que el Parque Nacional Galápagos —que cubre el 97% del territorio insular— mantiene prohibición total de minería.

“En el 3% restante solo se permite extracción de material pétreo, no minería metálica”, dijo en una entrevista radial.

Acciones legales

La aprobación de la ley no cierra el debate. Se prevén acciones legales, movilizaciones y nuevas disputas políticas.

Mientras el oficialismo sostiene que la normativa fortalece el marco jurídico y respeta los derechos ciudadanos, los críticos buscan su revisión en la Corte Constitucional.

El alcance de la ley dependerá de su aplicación. El tema vuelve a colocar en discusión la relación entre la explotación de recursos naturales, la protección ambiental y los derechos de las comunidades. (I)

Más noticias:

¿Qué dice el artículo 29 que no se aprobó en la ley de minería y energía?