En una sesión virtual que reactivó la polémica por las contrataciones de emergencia del sector eléctrico, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 80 votos afirmativos, el informe de fiscalización sobre las contrataciones suscritas por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las firmas Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM). La decisión legislativa se concretó más de ocho meses después de que el documento fuera emitido por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana en diciembre de 2025.
El dictamen de mayoría concluyó que no se identificaron actos u omisiones de las autoridades señaladas en el artículo 131 de la Constitución que constituyan un incumplimiento de funciones con responsabilidad política. El fallo provocó el rechazo inmediato de la bancada de Revolución Ciudadana, cuyos legisladores cuestionaron la falta de seccionamiento de responsabilidades para los ministros de la cartera de Energía involucrados en la gestión y aprobación de los proyectos.
Durante las comparecencias previas, la titular de la mesa legislativa, Diana Jácome, defendió el alcance del trabajo parlamentario tras sostener que se convocó a las autoridades responsables de la suscripción de contratos y la autorización de desembolsos. Jácome exhortó a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía a continuar con las acciones administrativas y judiciales contra los implicados en los hallazgos de irregularidades.
Un contrato fallido de USD 149 millones
Los contratos fiscalizados datan de agosto de 2024, cuando Celec EP pactó con la firma Progen Industries LLC un monto de USD 149.1 millones para la incorporación de 150 megavatios de potencia térmica, repartidos entre el sector de Salitral, en Guayaquil, y la ciudad de Quevedo, en Los Ríos, en un intento por mitigar el déficit energético del país.
Aunque las plantas debían operar desde noviembre de 2024, la contratista incurrió en reiterados incumplimientos de cronograma y fallas en la entrega de equipamiento. La falta de ejecución obligó a Celec EP a iniciar el proceso formal de terminación unilateral del contrato.
La investigación parlamentaria abarcó de igual manera la contratación del proyecto térmico de Esmeraldas adjudicado a ATM. El expediente legislativo sumó los insumos de exámenes especiales de la Contraloría sobre el proceso de contratación y pagos, en una trama que ya derivó en órdenes de prisión preventiva dictadas por la justicia ordinaria contra diez personas procesadas.
