La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó el 9 de octubre del 2026 un informe sobre la investigación que se hizo a 245 alcaldes y prefectos del país, tras lo cual se determinó que 190 autoridades despertaron algún tipo de alerta sobre el nivel de su patrimonio, el cual no se compensaría con sus ingresos económicos.

La Comisión elaboró un semáforo con el que catalogó el tipo de alerta que habría despertado cada autoridad, ubicando en la alerta roja y naranja a quienes presentaron tras la evaluación un riesgo prioritario, pues presentan variaciones que exceden su capacidad salarial, investigaciones penales y omisiones en el sistema tributario.

En cuanto a la alerta verde, se ubicó en esta categoría a quienes muestran inconsistencias en sus ingresos y patrimonios, pero que, estas podrían ser subsanadas con información adicional; también se consideró a un grupo de alcaldes y prefectos que no despiertan ningún tipo de alerta.

La Comisión habilitó un mecanismo de denuncia ciudadana para determinar a quien se debía investigar, en el cual se receptaron 137 denuncias que se presentaron en contra de autoridades locales.

Las cifras

Sin dar ningún nombre, pues los asambleístas y el personal de la Comisión suscribieron obligatoriamente un acuerdo de confidencialidad, para evitar dañar la reputación de los investigados; se dieron cifras de cuántos de las autoridades indagadas despertaron sospecha sobre el origen de sus patrimonios.

Tomando en cuenta el semáforo establecido por el área técnica de la Comisión, se determinó que 41 autoridades fueron catalogadas en la alerta roja, lo que equivale al 16,33 % de los expedientes investigados; mientras que en alerta naranja están 54 alcaldes y prefectos, que es el 21, 51 %.

En cuanto a la alerta verde, 95 expedientes están en esta categoría, que equivale al 37,96 % de los investigados; mientras que un 26,29 % de las autoridades indagadas, es decir, 66 personas, habrían salido bien libradas, pues no despiertan ningún tipo de alerta.

¿Qué se hará con la investigación?

Cabe indicar que esta investigación fue ordenada por el Pleno de la Asamblea Nacional, en junio del 2026, por lo que el informe aprobado por la mesa legislativa irá a esta instancia para su análisis y votación.

Adicionalmente, la Comisión aprobó que los expedientes calificados en alerta roja y naranja sean remitidos a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para que revisen posibles esquemas de testaferismo, personas interpuestas y el uso de paraísos fiscales y de terceras personas.

Sobre los hallazgos de la Comisión también serán notificados los propios servidores públicos investigados, para que ejerzan su derecho a la defensa y subsanen cualquier inconsistencia.

Los expedientes que fueron ubicados en la alerta verde no serán remitidos a la Fiscalía, pues no existiría ninguna implicación penal en sus actuaciones; pero sí se remitirá la información a la Contraloría General del Estado, para que se les realicen exámenes preventivos, dentro del plan anual de control de la institución.

Comisión se arroga funciones

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana sus legisladores se negaron a dar los votos para que se apruebe el informe de la Comisión, principalmente porque consideran que la Asamblea se ha tomado atribuciones que no le corresponden, al investigar casos que son atribución de otras instancias del Estado y al fiscalizar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Patricia Núñez, coordinadora del bloque correísta, calificó como inconstitucional la decisión de fiscalizar a los GAD y de asumir acciones que son competencia de Fiscalía y Contraloría, convirtiéndose la Asamblea, según dijo, en “un órgano paralelo de control”; también criticó el daño reputacional que se hará a los alcaldes y prefectos, precisamente en época electoral.

Por su parte Cristian Benavides, presidente de la Comisión, defendió el informe y señaló que la Constitución le permite a la Asamblea fiscalizar a cualquier funcionario público y rechazó la inconstitucionalidad de lo actuado, pues señaló que no se está fiscalizando a los GAD, sino a la autoridad.