El 7 de febrero de 2021 en Cuenca se cumplió una consulta popular sobre minería, en la que más del 80 % de la población decidió que no haya actividades extractivistas en las zonas de recarga hídrica.
El 16 de septiembre de 2025 en Cuenca se cumplió la Gran Marcha por la Defensa del Agua y de los Páramos, que reunió a unas 100.000 personas en las calles de la ciudad para rechazar la minería.
Ambas acciones reflejaron de manera clara y contundente la postura histórica y firme de la ciudadanía. Asimismo demostraron que para la población cuencana el agua y la conservación de los páramos son bienes innegociables.
Yaku Pérez
Yaku Pérez, de la alianza Unidos por el Agua (Listas 2-12-20), plantea la premisa inquebrantable de que el agua está por encima del oro y de cualquier interés extractivo, y propone ejecutar el programa Escudo Hídrico de Cuenca
Ofrece crear el Instituto de Ciencias del Agua y Cambio Climático para aportar evidencia científica en procedimientos judiciales y gestionar la adquisición directa del predio del páramo de Kimsakocha.
Se compromete a impulsar la declaratoria de Kimsakocha como Patrimonio Natural de la Vida ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que el cantón esté libre de minería.
Ofrece impulsar la creación de un fondo de compensación ambiental para apoyar la producción agroecológica en las parroquias rurales y desincentivar el avance de la frontera extractiva sobre las áreas protegidas.
Juan Pablo Riquetti
Juan Pablo Riquetti, del Partido Sociedad Patriótica (PSP) (Lista 3), plantea una política pública de planificación hídrica e identifica a la minería como una amenaza fundamental para la salud, la vida y la seguridad hídrica.
Ofrece contratar consultorías y hacer estudios técnicos especializados en geología, geofísica, limnología y biología para demostrar científicamente la fragilidad y la importancia estratégica de los páramos cantonales.
Plantea blindar las fuentes de recarga hídrica mediante la aplicación estricta de la normativa municipal y destinar recursos a obras de mitigación ambiental y al manejo planificado del agua.
Propone garantizar la creación de brigadas técnicas de inspección de la Dirección de Gestión Ambiental para clausurar de inmediato cualquier yacimiento subterráneo que amenace las cuencas de captación de agua.
Juan Carlos Vega
Juan Carlos Vega, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) (Lista 7), plantea la protección prioritaria de las fuentes hídricas y las zonas de recarga mediante restricciones al uso del suelo frente a las actividades extractivas.
Ofrece consolidar el plan sectorial de agua potable, saneamiento y manejo ambiental para fortalecer la conservación de los humedales del Parque Nacional Cajas (PNC) y las áreas frágiles de recarga hídrica.
Promueve la resiliencia climática y la seguridad hídrica universal en el territorio cantonal mediante rigurosos controles ambientales descentralizados para evitar la contaminación en las parroquias rurales.
Se compromete a garantizar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental en los proyectos municipales y a supervisar de manera permanente los acuíferos comunitarios para impedir que la actividad minera afecte el agua potable.
Leonardo Morales
Leonardo Morales, del partido Avanza (Lista 8), plantea la conservación de los recursos hídricos y las áreas protegidas, con prioridad en la reducción de las presiones antrópicas y extractivas sobre las principales zonas de recarga hídrica.
Ofrece fortalecer el componente biofísico del territorio mediante programas de protección ambiental, el monitoreo continuo de la calidad del agua y la intervención activa en áreas degradadas de los ecosistemas locales.
Plantea promover proyectos de protección de fuentes hídricas y ecosistemas sensibles para salvaguardar la disponibilidad permanente de agua potable frente a cualquier actividad incompatible con la conservación cantonal.
Se compromete a coordinar con las juntas parroquiales rurales la vigilancia comunitaria de los caudales y a reforzar las sanciones administrativas municipales contra toda actividad minera no autorizada.
Diana Mera
Diana Mera, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) (Lista 18), plantea la defensa irrestricta de la naturaleza, sustentada en el Sumak Kawsay, y la ejecución de planes de restauración ecológica en áreas afectadas por minería.
Ofrece ejecutar el programa emblemático Cuenca Protege el Agua para fortalecer el sistema municipal de protección de fuentes, la conservación de páramos y bosques nativos, y el monitoreo permanente del agua en el cantón.
Se compromete a respaldar a las organizaciones comunitarias y las juntas administradoras de agua potable rurales para consolidar un modelo participativo que evite cualquier intervención extractiva.
Ofrece promover la resistencia pacífica y legal frente a las concesiones mineras estatales que vulneren los derechos de la Naturaleza, así como articular guardias ambientales comunitarias en las zonas de recarga hídrica.
Paúl Carrasco
Paúl Carrasco, de la alianza Cuencanos Como Vos (Listas 62-107), plantea un diagnóstico de la minería metálica para identificar los altos riesgos de contaminación en áreas de recarga donde la extracción está restringida.
Ofrece resolver la incertidumbre entre la consulta popular de 2021 y las delimitaciones técnicas necesarias para establecer una norma clara de protección hídrica.
Plantea promover el ordenamiento territorial y el control del fraccionamiento rural para detener los conflictos socioambientales, con prioridad en la conservación estricta de los páramos frente a cualquier actividad minera metálica.
Se compromete a aplicar sanciones administrativas directas a quienes exploten recursos minerales en vertientes protegidas y a articular la fiscalización municipal con las organizaciones ambientales de la comunidad.
Juan Cristóbal Lloret
Juan Cristóbal Lloret, de la alianza La Provincia en Marcha (Listas 63-17-1), plantea un blindaje territorial respaldado por la consulta popular de 2021 para prohibir la minería metálica en las cabeceras hídricas de los principales ríos.
Ofrece potenciar la capacidad técnica municipal y elaborar informes hidrogeológicos independientes para sustentar la revocatoria de licencias ambientales de proyectos mineros extractivos como Loma Larga y Río Blanco.
Se compromete a inventariar los pasivos mineros y a intervenir contra la minería ilegal en Molleturo y Chaucha, con el fin de garantizar que el agua y la vida prevalezcan sobre el interés extractivo en todo el territorio cantonal.
Plantea impulsar la fiscalización jurídica de las concesiones otorgadas por el Gobierno Nacional en zonas de recarga hídrica y promover la restauración de los ecosistemas fluviales degradados por las actividades extractivas.
Marcelo Cabrera
Marcelo Cabrera, de la alianza En Equidad (Lista 82-21), plantea ejercer las competencias municipales concurrentes en ordenamiento territorial y gestión ambiental para proteger las fuentes hídricas cantonales frente a la minería.
Ofrece implementar políticas integrales de conservación ambiental que aseguren la preservación de los corredores ecológicos, las zonas de recarga y la infraestructura natural frente a proyectos que amenacen el agua potable.
Se compromete a concertar mesas sectoriales con las 21 parroquias rurales y los consejos consultivos locales, con prioridad en la inversión en saneamiento y la protección permanente de las fuentes de agua.
Plantea establecer la supervisión técnica permanente de los caudales ecológicos mediante laboratorios acreditados para impedir que la minería artesanal o industrial contamine las cuencas que alimentan los ríos.
Pedro Palacios
Pedro Palacios, del movimiento Nueva Generación (Lista 100), plantea gestionar técnicamente el recurso hídrico y combatir las amenazas extractivas mediante la aplicación rigurosa de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.
Ofrece aplicar el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) para ejercer un control municipal efectivo sobre el territorio e impedir la implantación de actividades mineras no autorizadas en las fuentes de agua del cantón.
Propone garantizar una reforma técnica de la tasa de seguridad ambiental e hídrica, con evaluaciones periódicas e indicadores transparentes para proteger y preservar los recursos naturales vulnerables.
Plantea establecer el monitoreo digital e inteligente de los vertimientos industriales y los residuos mineros, así como auditar trimestralmente las licencias ambientales para salvaguardar la calidad de los ríos y los sistemas acuíferos.
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