En Ecuador, todo es urgente en materia económica. Esta premisa, que sostengo desde hace tiempo, permite abordar con mayor serenidad y perspectiva, las iniciativas que llegan a la Asamblea con el carácter de urgentes en materia económica.
La Constitución habilita al Presidente —sea el actual, un antecesor o su sucesor— a presentar más de un proyecto de ley con carácter urgente en materia económica, siempre que en el país rija un estado de excepción. En condiciones ordinarias, solo puede tramitarse un proyecto a la vez bajo esa categoría. Hoy, la excepción aplica: desde abril de 2025, se decretó un estado de excepción por 60 días.
Primero. El proyecto de ley destinado a enfrentar las economías criminales no debió ser invalidado de inicio, como algunos intentaron. Hay que ser serios. El Parlamento debe hacer sus deberes: debatir, corregir, depurar y reducir las tensiones del texto enviado. No es correcto (léase ético) alarmar a la ciudadanía. Por ejemplo, los allanamientos sin orden judicial ya existen en nuestro ordenamiento, bajo causales muy concretas: auxilio a víctimas o detención en flagrancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido su validez en casos excepcionales y condicionados.
La propuesta de crear en 90 días jueces especializados en criminalidad no era coherente con la realidad del sistema judicial ecuatoriano. Basta recordar que ni siquiera se ha logrado implementar a los jueces constitucionales dispuestos en la consulta popular de abril de 2024. Esa disposición fue retirada del proyecto, y con acierto. El indulto presidencial a miembros de las FF.AA y de la Policía Nacional, aún requiere ajustes. Aunque se han dado pasos, persiste una tensión constitucional. Pero hay que mejorar. Pues, el indulto es para condenados, no para investigados.
Segundo. El proyecto que reforma la contratación pública y servicio público, parte de una premisa: hace mucho tiempo que la contratación pública perdió su alcance social y se convirtió en el botín de la corrupción. Toda iniciativa que busque depurar ese sistema, transparentar los procesos, reducir trabas burocráticas y devolverle confianza jurídica al ciudadano, tiene sentido. No todo lo que se dice por ahí es verdad cuando no se piensa primero en el país. (O)
@jchalco