El lavado de activos constituye una problemática persistente en el Ecuador, cuyas dimensiones trascienden el marco normativo vigente. De acuerdo con el Índice Antilavado de Dinero 2024 del Basel Institute on Governance, el país figura entre aquellos con mayor exposición al riesgo, sin necesidad de ser un centro financiero internacional. Pese a los controles impuestos, el sistema bancario ecuatoriano ha desempeñado un rol ambiguo. Aunque se le ha encomendado funciones de vigilancia financiera, lo cierto es que, en muchos casos, su participación ha facilitado indirectamente el flujo de capitales ilícitos, dado que la entrega de la responsabilidad del control de lavado de activos, hacia las entidades privadas ha resultado contraproducente: los bancos, al priorizar intereses comerciales, no siempre cumplen de manera rigurosa con su función de control, lo cual socava los esfuerzos del Estado por combatir estos ilícitos.
Además, esta estructura regulatoria ha generado efectos colaterales negativos sobre los agentes económicos, imponiendo barreras de acceso al sistema financiero formal. Esto no solo incrementa la exclusión financiera, sino que también debilita la capacidad del Estado para delinear el origen de los fondos y reducir la informalidad. Por ello, es imperativo repensar el enfoque actual, fortaleciendo las instituciones públicas en lugar de sobrecargar al sistema bancario con responsabilidades que exceden su naturaleza y función.
Finalmente, con este dinero en circulación, se evidencia un crecimiento de la liquidez que ha contribuido para mantener a flote la economía, pero no con ello se quiere decir que se exija mejores prácticas en todas las entidades, para prevenir el lavado de activos y otras formas de corrupción. (O)