En previsión de la integridad ciudadana se ha concebido históricamente que la función Judicial es la columna vertebral del estado de derecho, tengamos presente que de la probidad e independencia con la que actúen los jueces y todos sus integrantes depende la seguridad y la paz social.
Pero en México, el gobierno convocó a elecciones para que por votación popular se elijan a los jueces de la corte suprema y distritales de ese país.
Con una participación del 12 al 13 % de los ciudadanos aptos para sufragar se consumó el proceso eleccionario, el cual, rompe la tradición del estado de derecho que organiza al sistema judicial por designación autónoma de los magistrados mediante la selección de los más acreditados juristas por la ameritada carrera judicial o, notable ejercicio de la docencia.
La experiencia constitucional de Francia, EEUU y los estados de derecho, desde finales del siglo XVIII en adelante garantiza el imperio de la Ley, la separación e independencia de las funciones estatales, en contrapunto a la concentración del poder público de las monarquías absolutas y los gobiernos totalitarios.
Los sistemas autocráticos del siglo XX, el Fascismo o el Comunismo, soviético o chino, las dictaduras, como las de Trujillo y Castro, concentran el poder, aún con pretensiones dinásticas, tal el caso de la hegemonía dictatorial de Nicaragua.
En México por iniciativa del expresidente López Obrador, la señora Sheinbaum con MORENA utilizaron el sufragio ciudadano para elegir a sus candidatos como los jueces al servicio de lo que la oposición denuncia que es un narcoestado.
Recordemos que Francisco Huerta Montalvo ya advirtió la corrupción institucional por infiltración del crimen organizado.
El magnicidio de Fernando Villavicencio, el atentado contra Miguel Uribe y la absurda explicación de Petro para proteger a su autor por tratarse de un menor de edad demuestran la necesidad de recuperar la confianza de la seguridad ciudadana mediante la justa y proba aplicación del Imperio de la Ley. (O)