La designación del Fiscal General del Estado es un asunto de Estado. No supone una cuestión de cálculos, miramientos utilitarios, menos fórmulas superficiales en su tratamiento. Rebasa partidismos y antojos.
Primero. Designar al nuevo Fiscal debe tener la talla de un proceso serio, ético, riguroso, que piense en el país y no en el metro cuadrado de unos pocos, y menos en un espacio de poder. Es servicio. Depuración del sistema. Reinstitucionalización. Búsqueda por un Estado sin crimen y aleccionador. Es un sentido de Patria, no de mafia.
Segundo. Hoy el proceso lo lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un engendro constitucional que se estableció en la Constitución de 2008 para tomarse los órganos de control del Estado. Elige a cerca de 80 funcionarios y, como se ha visto, lleva consigo la batuta de quienes buscan hacerse de la institucionalidad del país. Varios de sus consejeros (y otros salvándose) han sido destituidos no una, sino más de una ocasión. Hay quienes tienen sentencias en contra, investigaciones penales y también falta de legitimidad democrática. Si se recuerda, en la última elección, el consejero mejor votado obtuvo 1 millón de votos, mientras que los nulos y blancos superaron los 4 millones. Las reformas constitucionales para cambiarlo reposan y no se hicieron. ¿Está claro, verdad?
Tercero. El Reglamento que se ha realizado para el concurso tiene errores no menores. Algo han mejorado y han escuchado, como cuando alerté al país que buscaban abogados graduados a los 19 años para entregarles un punto de acción afirmativa que era simplemente imposible. Pero no hacen las correcciones que faltan. Quizá no interesa. Por ejemplo: debe prohibirse a candidatos que provengan de organizaciones políticas o gobiernos en los últimos años. No hay por dónde perderse.
Igualmente, no se puede entregar más puntos a jueces y fiscales del actual sistema —a depurar— sin entregar el mismo valor al ejercicio profesional y académico. Tampoco se puede permitir concursar a abogados que han patrocinado a delincuentes en contra del Estado (cohecho, concusión, peculado). No tiene sentido que, en caso de empate entre postulantes, se haga un sorteo como presidente del bingo del barrio, sin hacer un proceso extra de definición entre uno y otro. Aún menos, que no se asigne puntos por haber patrocinado procesos ante la Corte Constitucional (Corte de Cortes) y solamente se valore acciones ante juzgados de instancia.
En resumen: ¡Hay que ser serios! (O)