Hace varios años en el Ecuador se aprobó la reforma constitucional que permitía y ordenaba la entrega de dinero público, es decir del Estado y de los contribuyentes, para financiar aquellas actividades de los partidos políticos.
Recuerdo claramente que la idea para tal despropósito era evitar que fondos privados, de origen lícito, y sobre todo ilícito, ingresaran la las campañas y de esa manera los procesos políticos fueran enturbiados por la intromisión abierta de mafias políticas y del narcotráfico como ya se sospechaba desde hace mucho tiempo.
Evidentemente los legisladores estuvieron ciegos y sordos y decidieron abiertamente convertirse en cómplices de la narcopolítica. Yo quiero creer que ambas cosas sucedían, pero especialmente la segunda. Un supuesto control de los recursos invertidos por cada partido político y candidatos fue la máscara para evitar que los ecuatorianos nos diésemos cuenta de lo que tremendamente estuvo pasando. No sólo había inversión de candidatos sino, lo que es peor, de los movimientos delincuenciales que se han adueñado del país desde hace muchos, pero muchos, años. Los organismos de control resultaban engañados por los mecanismos, más o menos hábiles, de ocultamiento, o bien optaban por hacer la vista gorda y quedar bien con compinches y futuros gobernantes.
La argumentación de que si el Estado entregaba dinero a los Partidos Políticos para su funcionamiento y para financiar las campañas evitaría la entrega de dinero narco para tales procesos fue una enorme ingenuidad o una abierta complicidad, o ambas a la vez. Desde que el dinero del Estado fue entregado a esos particos, en 2008, no ha dejado de ingresar dinero “sucio” a esas organizaciones sobre todo con apoyo correísta. Lo que se habrá conseguido, sin lugar a dudas es que haya más dinero para los bolsillos de sus dirigentes.
Ahora que por iniciativa del presidente de la República, cursa en la Asamblea una reforma constitucional para eliminar la entrega de dinero a los partidos políticos, podríamos sentirnos un poco más tranquilos y esperar que se apruebe y se cumpla esa reforma. (O)