El reciente cierre de la cooperativa CREA ha generado preocupación entre miles de depositantes que hoy enfrentan incertidumbre sobre el destino de sus ahorros. La medida, tomada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se fundamenta en problemas financieros acumulados y falta de sostenibilidad operativa.
Más allá del caso específico, el hecho pone sobre la mesa la fragilidad de ciertos actores del sistema financiero popular y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión preventiva. También plantea preguntas sobre la eficacia del control interno dentro de las propias cooperativas y el grado de transparencia hacia sus socios y aportantes.
Si bien existe un seguro de depósitos, el impacto inmediato para muchos afiliados es real, tanto en términos económicos como emocionales. Las dudas sobre los tiempos de devolución, los topes cubiertos y los procedimientos aplicables se vuelven fuente de tensión entre los afectados.
Es momento de revisar con seriedad la educación financiera, los procesos de gobernanza en las entidades del sector y el papel de las autoridades de control, cuyo accionar debe ser oportuno, técnico y enfocado en la protección del socio.
Casos como este deben servir como advertencia para elevar los estándares de gestión, fortalecer la confianza pública y exigir responsabilidad a quienes administran el ahorro colectivo. (O)