Una de las características esenciales del régimen democrático es el respeto a la Ley fundamental del Estado, la Constitución. Por esto mismo se habla de la democracia como sinónimo de “Régimen constitucional” o “Estado de derecho. En el caso de Ecuador, como sucede en la mayoría de países en los que se supone existe democracia, hay un órgano del Estado encargado de velar por el respeto y la supremacía de la Constitución, a saber: la Corte Constitucional
Justamente esta Corte, en cumplimiento de su rol constitucional de ser “el máximo órgano de control e interpretación constitucional” (art. 429) decidió suspender temporalmente varios artículos de tres Leyes aprobadas por la mayoría gobiernista de Asamblea Nacional; Leyes que desde su aprobación recibieron cuestionamientos, por parte de diversos sectores ciudadanos, precisamente por violar una serie de artículos de la Constitución.
Frente a esa decisión de la Corte Constitucional el Gobierno, que ya ha venido mostrando en algunas de sus acciones irrespetos a la Constitución y a otras normas jurídicas, ha reaccionado con ataques verbales, descalificaciones y estigmatizaciones, a la Corte; una situación inaudita si partimos de que supuestamente todavía se vive en Ecuador un régimen “democrático”; lo que ha llevado incluso a que la relatora especial de la ONU denuncie “las amenazas del Presidente Noboa a la Corte y sus consecuencias para la estabilidad de la democracia en Ecuador”.
Aún más, como algo insólito en la historia política del país, el Presidente Noboa ha llamado el próximo martes a marchar en contra de la Corte Constitucional; una cuestión que no sólo asomaría como atentatoria a la institucionalidad democrática, representada en la Corte, sino que develaría una profundización de las tendencias autoritarias y también totalitarias, que cada vez más están presentes en la conducta gubernamental; pues, a más del control que actualmente tiene el Gobierno del Legislativo, Judicial, Electoral y de otros órganos del poder estatal, se pretendería también la subordinación de la Corte Constitucional; es decir, se pretendería un ejercicio del poder sin ningún límite o control institucional o legal; lo cual sería propio de una monarquía absolutista, y no de una auténtica democracia. (O)