En Ecuador, el régimen de Daniel Noboa impulsa un paquete de leyes inconstitucionales que bajo el pretexto de seguridad busca silenciar a quienes defienden derechos, territorios y libertades. La llamada «ley de fundaciones», calificada de urgencia económica, es en realidad una herramienta de persecución: criminaliza a organizaciones de sociedad civil —muchas lideradas por mujeres— que luchan por justicia ambiental, derechos sexuales y reproductivos, y contra el extractivismo violento.
Esta semana el ataque del gobierno fue contra al Corte Constitucional, instancia que pone freno a los poderes ejecutivo y legislativo en el país, controla la constitucionalidad del poder público, limita la supremacía de poder, en resumen, garantiza la democracia, sin la Corte Constitucional viviríamos en absoluta dictadura.
Desde el poder se impulsa una narrativa que estigmatiza a defensoras, reduce a los pueblos a meros operadores de políticas impuestas y militariza la vida civil. Se desmantelan garantías, se espía sin control judicial y se ataca a la Corte Constitucional. En este escenario, la defensa feminista y de derechos humanos se vuelve urgente y vital: resistir es cuidar la vida, defender el derecho a disentir y sostener la esperanza frente a un Estado que ha decidido gobernar desde el miedo y el engaño. Por cierto, Kimsacocha no se toca. (O)
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