El Gobierno y las organizaciones sociales y de la transportación comienzan a medir fuerzas tras la decisión de poner fin al subsidio al diésel, vigente desde hacía varias décadas, como ocurría con las gasolinas.
Según la vocera oficial, el Régimen no dará marcha atrás aquella resolución por considerarla necesaria.
Ante especulaciones, el Ministerio de Economía negó un posible incremento del precio del gas de uso doméstico.
Mientras el Gobierno despacha desde Latacunga, hacia donde trasladó la sede, este lunes transportistas de varias ramas bloquearon algunas vías.
En la víspera, cierto sector del transporte decidió suspender su paralización, en tanto se pone en funcionamiento el mecanismo para recibir la compensación económica.
De acuerdo al ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, ayer se entregó compensaciones a un grupo de 1.500 transportistas. Para este efecto, los demás deben registrarse en el Sistema de Registro de Beneficiarios.
El Gobierno, a toda costa trata de evitar potenciales paros generales, si bien, como lo dicen sus voceros, la compensación será durante ocho meses, pudiendo ampliarlos. Supone, entonces, la pregunta, ¿y después?
El Régimen, por el momento, trata de sofocar la reacción de los transportistas, no así la expresada por organizaciones como la Conaie, acaso la única con capacidad de enfrentarle.
También ha explicado las razones por las cuales tomó aquella decisión, como la pretendieron, sin éxito, tomar sus antecesores.
El subsidió, ha dicho, ha servido para unos pocos, no así para el amplio conglomerado social; igual para el contrabando, amén las distorsiones en el manejo presupuestario.
Un gobernante debe tomar decisiones, creer en ellas, convencerle al pueblo de la necesidad de hacerlo, por encima incluso de costos políticos.
La temporalidad es parte de la naturaleza de los subsidios; igual sus destinatarios. No son indefinidos ni generales para todo.
