A algunos politólogos no les gustaría una nueva Constitución. Dicen que no es el momento, porque el país esta polarizado. Y yo pregunto ¿desde cuándo no está polarizado? Esta carta magna, la número 20, debe ser reemplazada de urgencia por sus distorsiones.
Su sesgo ideológico, la metida de mano de extranjeros como los asesores españoles, más la intromisión de Alexis Mera, y su enfoque “chavista” la volvió poco neutral. Además de haber sido “recortada” en lo realmente aprobado en el pleno, según denunció León Roldós.
Muchos ingenuos creían que, privándole al Parlamento la potestad de elegir autoridades, el fallido y torpe Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iba a emerger como un ejemplo de decencia. En teoría volvía a los ciudadanos la capacidad de decidir; el pueblo actuaría libre para buscar sus legítimos representantes. El resultado: un fiasco politizado al máximo, con elecciones de listas apoyadas por movimientos políticos como la RC y su proyecto de la “liga azul”. Su objetivo, cooptar para sus intereses a las autoridades de control; tal es el fracaso de este bochornoso experimento, que el país como nunca, ha vivido un largo proceso de inseguridad jurídica y administrativa en los entes de control. Por esto debe eliminarse.
Se debe cuidar la estructura de la República; la plurinacionalidad hace creer a la “princesa” Pacha que su jefe de comunidad tiene las mismas competencias que el presidente del Ecuador, y esto es intolerable. Hoy la justicia indígena es independiente, y soslaya a la ordinaria. Las comunidades deberían manejar sus faltas menores bajo sus costumbres ancestrales, y la justicia común actuar sobre los delitos aplicando el COIP. Dejar en la impunidad la gravedad de los hechos violentos ocurridos en los paros de 2019, 2022 y 2025, es el caldo de cultivo para que, a futuro, se siga delinquiendo. Esto es insostenible.
En el tema económico, por el sesgo ideológico disfrazado como soberanía, y algunos presuntos propósitos particulares dirigidos, se limitó de manera irracional la inversión nacional y extranjera en los sectores estratégicos, afectando a la generación y distribución eléctrica, telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico, hidrocarburos y demás. Desconectarse de la realidad limita el desarrollo.
Algunos críticos sostienen que se eliminarían garantías y derechos adquiridos. Una nueva Constitución no debería tocar lo alcanzado respecto al marco de protección a la naturaleza, salud y educación, siempre dentro de los rangos de la racionalidad; pero también, se obligaría a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos comunes, frente al libertinaje jurídico y trato diferenciado a los delincuentes.
La Asamblea Constituyente de Montecristi no fue un modelo a seguir. Ya no más hiperpresidencialismo, sino una estructura sólida en la cual las tres funciones del estado ejecutivo, legislativo y judicial convivan para reorientar armónicamente el destino del país. Tampoco debería ser una Asamblea de plenos poderes; la normativa vigente debe continuar, con todos los tropiezos que puedan advenir, hasta el nacimiento de una nueva Constitución consensuada y sin orientaciones ideológicas extremistas. (O)