La reducción de la inversión privada en Ecuador es preocupante. Hace 20 años el PIB per cápita de nuestro país era muy similar al del Perú y Colombia. Hoy es inferior, y no se avizora mejoría mientras sigamos con la Constitución actual, que promueve la potestad estatal. Solo se necesita revisar los artículos 313 y siguientes, para darse cuenta de la hegemonía en el manejo de los sectores estratégicos.
Mientras el arbitraje internacional es una manera moderna de resolver conflictos, el Art 422 de la carta magna le imposibilita, y esta es quizás la razón fundamental para que se ahuyente la inversión extranjera. Aquí se nota con claridad absoluta, el supuesto efecto “patriótico y soberano” que la mayoría arrasadora del correísmo impuso a los ecuatorianos, aprobando la Constitución a través del muñequeo político, sin consensos y discusión técnica. Y tal como sostiene el jurista Jorge Alvear desde entonces “el país enfrenta un marco jurídico desbordado por su extensión, contradictorio en su interpretación y débil en su aplicación. Los resultados están a la vista: debilitamiento institucional, inseguridad jurídica, y pérdida de confianza ciudadana”.
Es necesario elevar el nivel de la fiscalización y legislación a través de instaurar el congreso bicameral. Con esto el Senado se ocuparía de revisar, modificar y aprobar las leyes propuestas por los diputados, ejercer el control sobre tratados y decretos presidenciales; tendría la potestad de nombrar al Contralor y demás altos funcionarios de control, así como también escoger a los miembros de la Corte Constitucional, tal como ocurre en Colombia, restableciendo la credibilidad que el putrefacto CPCCS se encargó de enterrarla.
Esta Constitución le ha fallado a los ecuatorianos. Se decía que por su contenido democrático y de avanzada, iba a durar 300 años; y, no es preciso calificar a los presidentes que siguieron a Correa como inútiles, porque en el mismo gobierno de Alianza País, ya se presentaron innumerables distorsiones y problemas de aplicación práctica. Recordemos que en 2011 se realizó una consulta “sobre reformas constitucionales al sistema de justicia, así como la vigencia de la Ley de Comunicación”. En el anterior artículo, expuse la necesidad de defender los derechos de la naturaleza, pero ya va siendo hora de volver la mirada al ciudadano común, dotándole de las garantías para un auténtico buen vivir, porque el “sumak kausay” pregonado con toda la fuerza en 2008, se quedó en un slogan de cultura andina ancestral y nada más.
Este 16 de noviembre, los ecuatorianos tendremos la oportunidad de oro para iniciar el proceso y llegar a una Constitución debatida, consensuada, y formal, que no sea mayormente reglamentarista, sino que contenga artículos constitucionales para cubrir los conceptos centrales. Pero en febrero de 2026, de ganar el “SI” en la propuesta, tendremos quizás la tarea más difícil, que será elegir a los asambleístas constituyentes. Hay que tener los ojos bien abiertos para escoger a los mejores. (O)
